martes, febrero 7, 2023

Asimetría penal

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De vez en cuando el Estado se ve presionado por la opinión pública, cuando alguno de sus ciudadanos son secuestrados por un grupo terrorista. La respuesta de manual es que el Estado jamás -nunca ¡qué barbaridad!- va a rebajarse a negociar con una banda de criminales, pero lo cierto es que a través de mediadores y de servicios secretos se negocia y se suele pagar un rescate que procede del dinero de los contribuyentes, sin que a los contribuyentes se les explique ni la cantidad, ni el procedimiento, porque sería tanto como declarar públicamente que se ha cometido un delito.

Sin embargo, si un ciudadano de ese Estado, en el territorio nacional, sufre la extorsión de los terroristas, y accede a pagar el chantaje, y se descubre que lo ha pagado, ese mismo Estado que negocia en secreto con los terroristas, pone en marcha toda la maquinaria judicial y demuestra toda su contundencia condenando a la víctima. Es decir, el Estado reconoce su impotencia para proteger a las personas que con sus impuestos mantienen el Estado, pero si debido a sus fallos el ciudadano accede a someterse al desvalijamiento de los delincuentes, ese Estado que no ha sabido protegerle, y que ha demostrado que no sirve para garantizar la libertad de los miembros de una sociedad, emplea toda su fuerza y todo su poder contra la víctima de la expoliación.

La única manera de librarse de esta L.E.P.T (Ley del Embudo para la Protección de Terroristas) consiste en demostrar que se ha pasado por una fase de miedo insuperable. Claro que al juez que debe dirimir lo que es el «miedo insuperable» no le han llamado a las dos de la madrugada para decirle que va a morir, o a las doce del mediodía, informándole que su hijo ya ha salido del colegio, pero a lo peor otro día no vuelve a casa.

La Audiencia Nacional ha condenado a las hermanas Bruño Azpiroz, por haber pagado los 6.000 euros que les pidió ETA. Lo que demuestra que la estupidez puede ser perfectamente legal.

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Luis del Val

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