Antes de la campaña electoral, pero sobre todo después del 22-M a raíz del episodio sobre las cuentas de Castilla-La Mancha, se puso en duda su existencia misma con el argumento de que habían perdido su razón de ser. Nada más lejos de la realidad. Es ahora, en una sociedad más globalizada, cuando la defensa de lo propio vuelve a tener sentido.
Otra cosa bien diferente es el modelo de gestión. En efecto, el actual se ve a las claras que no es el adecuado. Hoy mismo, el articulista de Estrella Digital, Juan Varela, escribe que con “1.860 millones de presupuesto anual, una deuda acumulada de 1.500 millones y 814 millones de subvenciones y ayudas en 2009, son insostenibles…”. Y no le falta razón. Esos datos ciertamente preocupantes, sin embargo, no deben desembocar en la solución fácil, defendida mayoritariamente por el PP, de cerrarlas o privatizarlas. Lo que se les debe exigir a nuestros políticos es un ejercicio de rigor y seriedad para su gestión futura, sobre todo porque quienes son responsables de haber creado ese agujero han sido ellos y en modo alguno los más de 8.000 trabajadores o los espectadores que se merecen una televisión autonómica de calidad.
Los trabajadores y los ciudadanos no deben pagar las irresponsabilidades de sus políticos. Si hay quien piensa que las televisiones autonómicas no tienen sentido es porque han huido de los principios para los que fueron creadas y quienes han hecho que ello sea posible han sido los directores colocados a dedo por los gobiernos regionales. Muchos de ellos ajenos al mundo de la comunicación y de la gestión empresarial. De tal suerte que han sido ellos los que han pervertido un modelo que, efectivamente, puede y debe ser mejorado. Ellos han sido, sí, los responsables de la perversión con unos informativos manipulados al servicio de los respectivos gobiernos. En algunos casos, como es el de Telemadrid, con redacciones paralelas divididas entre los que son de “confianza” y los que no. Ellos también han sido los responsables de contratar programas de productoras amigas a altísimos precios, de generar comisiones inconfesables, comprar equipos audiovisuales innecesarios, programar recurrentemente corridas de toros, multiplicar la plantilla de directivos o darse la vida padre a costa del erario. Es cierto, en muchos casos, han sido verdaderos nidos de corrupción.
Este panorama, cierto y corto en la enumeración, puede dar razones a los que defienden su cierre o privatización, pero no debería servir a los políticos, porque, en definitiva, han sido ellos quienes han propiciado y amparado esas circunstancias y, en algunos casos, se han beneficiado de ellas.
Es ahora el momento de buscar soluciones imaginativas que permitan la reducción del gasto, el mantenimiento de los puestos de trabajo y una programación de calidad y sin manipulación. Pero claro, es mucho más fácil defender el cierre cuando creen que las televisiones han cumplido con su servicio llevándoles al poder.
Se equivocan.
Editorial Estrella