El auto del juez Varela, por el que abre la vía para sentar al juez Garzón en el banquillo, ha reproducido las apasionadas discusiones previas en la calle, que el propio instructor del caso quiso rebatir. Se vierten opiniones dispares, según los prejuicios de quienes se alzan a favor y en contra del juez, y el debate público se eriza sobre el propio proceso judicial.
¿Puede un juez como Garzón sentarse en el banquillo ante un tribunal? A priori, igual que cualquier otro si, tras los sucesivos filtros judiciales de una querella, el tribunal interpreta que «ha de proceder». No es una buena noticia que un juez, cualquier juez, se siente en el banquillo para una sociedad que ha confiado en él. Tampoco lo es para los jueces instructores que aplican la ley según su criterio y que se saben -para bien y para mal- sujetos a las querellas de cualquiera.
No es el primer juez sentado en el banquillo en la democracia española, y ésta es una de las afirmaciones que se propagan. Otra media docena larga de magistrados han sido suspendidos, algunos de ellos juzgados, condenados e incluso rehabilitados por el Tribunal Europeo, como Gómez de Liaño. Recientemente, el juez Calamita fue suspendido de inmediato por el Consejo al admitirse la querella por demorar seis meses un proceso de adopción en una pareja de lesbianas. Hubo también algunos separados de la carrera que prevaricaron y otros que sufrieron cárcel por entender el tribunal competente que habían prevaricado. Ni siquiera existe la absoluta certeza de que se enjuició con acierto. Pero actuó la Justicia.
Además de los sindicatos, han salido a la palestra para mostrar su escándalo los portavoces políticos de izquierdas y algunos de derechas. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha conectado con un mensaje de la calle según el cual no se comprende que el juez sea sentado en el banquillo «por investigar los crímenes del franquismo». «Es lamentable que Garzón se siente en el banquillo acusado por la Falange», ha declarado también el popular vasco Iñaki Olazábal.
Garzón no ha sido encausado por abrir tumbas, en un intento quizás bienintencionado de actuar ante un vacío legal de la Ley de Memoria Histórica, sino por abrir un proceso penal para sentar en el banquillo a los responsables de la dictadura -la mayoría muertos- y esquivar la Ley de Amnistía de 1977, al interpretar que hay un debate para abordarlo como delito por crímenes contra la Humanidad. Pero sólo es delito lo que dicta el Código Penal -siempre reformable-, no lo que la conciencia social expresa, so pena de linchamientos.
También el presidente del Gobierno, que ha puesto el acento en el respeto a la Justicia, ha apelado a la «responsabilidad» al encontrarnos, ha dicho, en un proceso de «gran trascendencia social».
En medio de pasiones cruzadas, se impone desentrañar lo obvio. Es cierto que sin la querella de Falange, el Tribunal Supremo no habría abierto una causa contra Garzón, pero, al hacerlo, el Tribunal la ha formulado su propia causa. A veces, la verdad llega por caminos extraños.
El debate ha alcanzado tales niveles de pasión que se plantean preguntas como la de si se pretende condenar a Garzón sin pruebas, lo que pone en tela de juicio la labor del Tribunal. Se esgrime, desde este lado (A. Rato, El País, 07/04/2010), que la presunta prevaricación en Garzón no puede deducirse por las «retorcidas, indiciarias e inamistosas» vías argumentales del magistrado Varela, avaladas por el «ultraconservador» Prego. Se expresa así que el proceso no es limpio sino que nace viciado.
Si prevaricó o no, al abrir una causa contra el franquismo a sabiendas de la Ley de Amnistía, deberá decidirlo el Supremo. Si hubo intención maliciosa para torcer la ley, o un error mantenido sobre la base de la interpretación de la norma. En su favor podrá abundar el sinsentido de prevaricación sin perjuicio, según se emplea su defensa.
Garzón puede o no ser juzgado aunque haya prestado grandes servicios al Estado, pues ni debe ser especial por su proyección pública en el sometimiento de los jueces a los mecanismos de control ni condenado a priori por inquinas manifiestas.
Dicen que el juez Varela, de marcada procedencia de izquierdas, está viviendo en su propia carne la contradicción y la amargura no por verse en el banquillo, sino en la palestra.
Chelo Aparicio