La voluntariosa reforma de la financiación autonómica vuelve a poner patas arriba todo el entramado económico del Estado de las Autonomías, pensado en el año 1978 para cumplir con dos tareas principales: descentralizar ingresos y gastos, por un lado, y consagrar la búsqueda de la igualdad de los españoles mediante mecanismos de solidaridad y redistribución de la riqueza y de la renta. No está claro que, después de tantos asaltos, aquellas pretensiones iniciales estén hoy en día tan vigentes como entonces, a pesar de que la Constitución española no ha sido modificada ni en una coma. La exigencia constitucional de caminar en la búsqueda de una cierta igualación entre las Autonomías, para hacer posible aquel objetivo de que todo español tiene derecho a los mismos servicios y a las mismas oportunidades independientemente de dónde resida, se ha convertido con el paso del tiempo en una cuestión que podría considerarse residual.
Parece indudable que los padres de la Constitución del 78 (30 años atrás) estaban dotados de cierto espíritu mesiánico, pero nadie ha discutido sus aspiraciones en los seis lustros transcurridos desde entonces. Nadie las ha discutido en la teoría. En la práctica, las desviaciones de aquellas doctrinas son manifiestas y, por lo que se está viendo, aumentan con el paso de los años. Si algún ejemplo puede servir de demostración, baste decir que el Fondo de Compensación Interterritorial previsto en nuestras leyes apenas representó en el año 2007 un 0,12% del PIB. Con tan escasa cuantía económica, poco se podrá hacer para dotar de cierta igualdad de oportunidades a los extremeños con los vascos, a los andaluces con los catalanes o a los canarios o asturianos con los madrileños, por citar sólo algunas zonas entre las cuales las distancias no sólo no se han amortiguado con el paso de los cumpleaños de la Constitución sino que se han agudizado. El esfuerzo financiero del Estado para corregir estas desigualdades crecientes ha sido, por llamarlo benévolamente, residual. Quizás más propio sería decir que ha sido un esfuerzo inexistente.
España se enfrenta ahora, con el nuevo esquema de financiación, a una situación completamente novedosa en la que el rumbo de las cosas puede ir a peor. Hay tres razones para sospecharlo. La primera, que la función redistribuidora del Estado saldrá seriamente mermada con las medidas que emanan de las nuevas fórmulas propuestas, en las que está triunfando claramente la posición de las Autonomías con mayores recursos y fuerza política. En la medida en que aumenta el grado de autosuficiencia fiscal de unas regiones, naturalmente a costa del Estado (es decir, a costa de las demás zonas del país), disminuye la capacidad benefactora del Estado.
Una segunda razón de inoportunidad que contribuye a empeorar el potencial redistributivo del Estado es la derivada de nuestro propio progreso económico, que ha conducido con los años a alcanzar unos niveles de renta bastante similares a los de la UE (en algunas regiones, más que en otras), lo que significa que España ha sido manifiestamente despojada de su condición de país pobre, es decir, receptor de ayudas de cohesión de la UE, naturalmente a favor de los países recién incorporados, los llegados de la antigua órbita comunista, cuyos niveles de desarrollo están muy por debajo de los españoles. Bruselas ha ejercicio en estos últimos años un indudable papel de apoyo a las zonas españolas deprimidas, papel que ha ejercicio en sustitución del que debería haber desempeñado el Estado. La prosperidad que se respira hoy en algunas zonas de nuestra geografía no
sería entendible sin los fondos de cohesión comunitarios, que ahora estamos ya dejando de recibir, lo que significa que ni el estado español ni la Unión Europea van a jugar un papel relevante en la redistribución de las rentas regionales o territoriales en España.
Por si estas razones no fueran suficientes, hemos entrado en una revisión nada progresista de aquellos mandatos constitucionales justo cuando acabamos de entrar en la primera recesión económica seria de la España moderna, lo que atenaza seriamente el poder del Estado, no ya para redistribuir renta entre territorios, sino para otras muchas funciones esenciales, que de momento van a sufrir una postergación indefinida.
Juntos todos estos factores, más parece que nos encontramos en una situación propicia para el desinterés colectivo por lo que acontezca a nuestros vecinos (en algunos casos, nuestros antepasados, dada la enorme movilidad de la población española en el pasado) que en la consolidación de un proyecto colectivo. Al grito de sálvese quien puede, la Constitución puede perder en este embate, sin haber sido democráticamente modificada ni en una sola coma, uno de sus atributos esenciales.
Primo González