No eran muchos los que podían prever el resultado de la votación de ayer en Estrasburgo, porque sí eran muchas las presiones a las que estaba sometido el Parlamento Europeo con respecto a la nueva Directiva sobre el tiempo de trabajo. De una parte los sindicatos y otras organizaciones del entorno laboral, entre las que hay que destacar las vinculadas a la medicina, y de otra algunos gobiernos como el del Reino Unido.
La cuestión es que el pasado 9 de junio los ministros de Trabajo de los 27 Estados miembros -con la oposición de España y Grecia y la abstención de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal- aprobaron un texto que, en virtud de posibles acuerdos individuales entre empresario y trabajador, permitiría una jornada laboral de hasta 60 horas semanales, calculadas como media sobre un período de tres meses, e incluso alcanzar las 65 horas en ausencia de un convenio colectivo que lo impidiese.
A partir de ese momento, la conocida «Directiva de las 65 horas» hubo de enfrentarse a detractores como el colectivo sanitario, que no veía con buenos ojos el que dejaran de computarse como horas de trabajo aquellas transcurridas en sus guardias que no fuesen empleadas estrictamente en labores de atención médica, a menos que estuviese recogido lo contrario en la legislación nacional, en el convenio colectivo o en un acuerdo entre los interlocutores sociales.
La negativa del Parlamento Europeo a la propuesta del Consejo sobre la jornada laboral se ha producido por la aplastante mayoría lograda por las enmiendas del parlamentario español, Alejandro Cercas (PSE), que eliminan las excepciones al máximo anual de 48 horas semanales, limitando a tres años el periodo transitorio del «opt-out» que permite a algunos Estados no respetar ese máximo.
Además, con 576 votos a favor, un respaldo muy superior a los 393 necesarios para que la enmienda saliera adelante, el Parlamento aprueba que todo el tiempo de guardia, incluido el inactivo, es tiempo de trabajo, permitiendo, no obstante, que éste se compute de manera específica, según acuerdo entre los interlocutores sociales.
Además, y a favor de profesiones como la de los bomberos, también muy activos contra esta Directiva, los diputados consideran que los periodos de descanso compensatorio (aquellos para los que no pueden disfrutar de periodos de descanso normales) deben concederse siempre después de los periodos de trabajo.
Ahora comenzará un periodo de negociación de 90 días, conocido como «de conciliación», entre el Consejo y el Parlamento para lograr una nueva Directiva que debe sustituir a la actual, de 1993, que preveía la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años, ya obviamente incumplido.
Ramón Tamames