El PSOE Andalucía ha exigido hoy la creación de una comisión de investigación en relación al caso de los contratos de emergencia que, según ellos, llevaron a cabo de manera irregular el PP Andalucía al frente de la Junta de Andalucía años atrás. Así lo ha comunicado hoy su portavoz adjunto Josele Aguilar, un mensaje que supone un cambio de rumbo con respecto a lo que la formación que lidera Juan Espadas aseguró inicialmente meses atrás, dado que Espadas aseguró a Moreno tiempo atrás que estaban dispuestos a llevarles ante el Tribunal Superior de Justicia.
Según Aguilar, esta comisión de investigación tendría tres objetivos, empezando por una delimitación del marco normativo en el que se llevaron a cabo estos contratos de emergencia. El PSOE Andalucía pretende, con esta comisión se quiere saber si ha tenido que ver con el problema de las listas de espera (que ya eran un problema hace una década) y si estos contratos de emergencia también han afectado a los fondos públicos, ya que habrían permitido realizar contrataciones a dedo hacia empresas de sanidad privada donde hubiera intereses – una posible referencia indirecta a Bidafarma.
El camino de la comisión de investigación es, cuanto menos, extraño, teniendo en cuenta que esto significa que ha de pasar por el filtro del Parlamento de Andalucía donde el PP cuenta con mayoría parlamentaria tras su victoria contundente en las elecciones autonómicas de junio de 2022. Una decisión que, previsiblemente, acabaría siendo rechazada en cuanto los populares emitieran su voto, de manera independiente de lo que votasen otras formaciones como Vox, Por Andalucía o el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
También en fechas recientes el secretario general del PSOE Andalucía y también portavoz del Grupo Socialista en el Senado Juan Espadas ha criticado que la Junta de Andalucía comprase mascarillas caducadas en 2014 durante la pandemia. El actual portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que lo que estaba haciendo Espadas era el ridículo con estas declaraciones.
Según aseguraba a los medios Fernández-Pacheco, estas mascarillas las compró la Junta cuando Susana Díaz y el PSOE Andalucía estaban al frente de la misma para uso del personal médico en la comunidad autónoma. Unas mascarillas que, en efecto, caducaron en 2014 y durante la pandemia reaparecieron en la Axarquía después de haber estado almacenadas hasta ese momento.
Declaraciones de Josele Aguilar respecto a la comisión de investigación sobre contrataciones de emergencia de la Junta de Andalucía
«El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una solicitud de una comisión de investigación sobre las contrataciones de emergencia en el sistema sanitario andaluz durante los ejercicios del 2020-2023 y hasta la actualidad. Esta comisión de investigación tiene un triple objetivo. En primer lugar, determinar el marco normativo que se empleó por parte del gobierno de Moreno Bonilla para realizar estos contratos de emergencia«, explicó Aguilar.
En segundo lugar, analizar los posibles efectos que estas contrataciones de emergencia hayan podido tener en las lamentables listas de espera que estamos padeciendo los andaluces y andaluzas. En tercer lugar, analizar también qué materiales se compraron y suministraron con estas contrataciones de emergencia y si ha podido haber menoscabo de los fondos públicos a través de las mismas.”
Hemos venido denunciando lo que llevamos de legislatura el uso y abuso del sistema de contrataciones de emergencia por parte del gobierno del señor Moreno y Bonilla. Debió concluir en mayo de 2021 se extendió por parte del gobierno dos años más. El 18 de junio de 2021 hubo una instrucción, la 1/21 de la Dirección General de Contratación de la propia Junta de Andalucía, que advertía de la imposibilidad de seguir utilizando los contratos de emergencia en el ámbito de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, se han seguido utilizando dos años más después de aquella fecha y necesitamos una explicación. Es un sistema opaco, sin concurrencia, absolutamente arbitrario en el que la administración puede adjudicar a dedo la contratación a aquel proveedor que estime conveniente. No es competitivo y no tiene transparencia alguna«, explicó Aguilar.