El juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado caso Titella, comienza desde este miércoles a interrogar a varios imputados considerados «colaboradores directos» del productor José Luis Moreno, a quien se investiga por liderar presuntamente una red internacional de fraude a inversores y bancos.
Alrededor de una docena de investigados comparecen entre el miércoles y el viernes ante el juzgado de instrucción numero dos, que recientemente ha rechazado la petición de nulidad efectuada por el ventrílocuo, quien alegó un defecto de forma inicial que, en su opinión, podría haber viciado el procedimiento.
El magistrado argumenta en el auto en el que desestimaba su petición que «no cualquier irregularidad procesal deviene en una nulidad radical» y que ni se han vulnerado derechos de los investigados ni se ha creado indefensión. Lo mismo opinó la Fiscalía, que apoyó seguir investigando a esta presunta «organización criminal causante de un perjuicio evaluado en torno a los 85 millones de euros».
Este caso gira en torno a una red, en cuyo liderazgo se sitúa a José Luis Moreno, dedicada presuntamente a estafar a bancos e inversores privados en busca de financiación, y a blanquear los beneficios. Él «prestaría su nombre como tarjeta de visita» y presentaría un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a las entidades bancarias.
Tres de sus empleadas comparecen este miércoles: Natalia F., sobrina del empresario; Rosa S. y Cristina M., de las que se sospecha que se concertaron para confeccionar facturas que justificasen los ingresos del productor.
Al frente de ellas estaría Beatriz S., citada el viernes y quien, según el sumario, se ocuparía de «gestionar la administración y contabilidad de las sociedades» de Moreno. Ella consensuaría con Natalia F. y Rosa S. qué gastos se podían justificar y cómo hacerlo, y las daría instrucciones.
Una vez lo decidían, se lo indicaban a Cristina M., quien, en palabras de sus compañeras, «era una experta a la hora de confeccionar documentación ficticia que justificase las operaciones».
En el sumario constan conversaciones de algunas de estas empleadas admitiendo que «todo lo que hacían era irreal, todo inventado» y que no podrían «aguantar» una auditoría porque sólo los viajes privados de Moreno ascendían a dos millones de euros, y había facturas de 20 y 30.000 euros de «catering de gente que no existía» y que mostraban que había 100 personas empleadas cuando en realidad sólo eran dos.
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