Isabel Díaz Ayuso, apuesta personal del líder de los populares Pablo Casado, fue investida presidenta el 14 de agosto de 2019 y tomó posesión el día tras haber recibido el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea.
Nadie podía imaginar en ese momento que meses después Madrid iba a ser una de las regiones más castigadas de España y de Europa por una pandemia, la de la COVID-19.
La crisis sanitaria ha segado más de 15.000 vidas en la Comunidad de Madrid, tendrá un impacto cercano a los 3.400 millones de euros en las arcas públicas y supondrá una caída del 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según las estimaciones del Ejecutivo autonómico.
La «guerra» contra el coronavirus no figuraba en la hoja de ruta del Gobierno madrileño, un acuerdo de 155 puntos que, según asegura el Ejecutivo, está en ejecución o en tramitación en un 78 por ciento.
UNIDAD Y DIFERENCIAS
Un año después de suscribir este pacto, el PP y Ciudadanos reafirman su compromiso de «unidad» en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y muestran su voluntad de impulsar el diálogo con todos los agentes sociales y formaciones políticas en un momento «de inestabilidad política, incertidumbre social y crisis económica».
Pero a pesar de su alianza, Díaz Ayuso (PP) y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, (Ciudadanos) han expuesto sus diferencias en público en numerosas ocasiones en los últimos doce meses, hasta el punto de que las palabras «ruptura», «elecciones anticipadas» o «moción de censura» han sobrevolado la política regional en varios momentos.
Ya al poco tiempo de la formación del Gobierno de coalición, en el PP suscitó malestar una campaña en redes en la que Ciudadanos presentó a los consejeros naranjas como el «Equipo Aguado».
Pero la crisis sanitaria provocó uno de los momentos de mayor tensión con el enfrentamiento entre los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), y de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), por la filtración de una versión del protocolo de atención a pacientes de residencias, que desaconsejaba derivarlos a hospitales, y que Reyero llegó a calificar de «inmoral» e incluso «ilegal».
El impacto del coronavirus en las residencias ha sido una de las consecuencias más trágicas de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y por el que más críticas ha recibido el gobierno regional, que también protagonizó un cruce de reproches con el vicepresidente Pablo Iglesias por esta gestión.
BLOQUEO LEGISLATIVO
El Gobierno bipartito no ha logrado aprobar una sola ley en la Asamblea de Madrid, donde el PP y Ciudadanos no tienen mayoría, y ha prorrogado los presupuestos de 2019.
La parálisis legislativa pone de manifiesto las dificultades de alcanzar el consenso en la Cámara de Vallecas, fragmentada en seis partidos, y la prórroga presupuestaria ejemplifica las complicadas relaciones entre los tres partidos que auparon a Ayuso a la Presidencia regional.
Pero todo ello quedó en segundo plano con la llegada de la pandemia, ya que desde que se confirmó el primer caso en Madrid a finales de febrero, la agenda del Ejecutivo se centró en la exponencial expansión de la epidemia, con decisiones inéditas, como el cierre de los centros de mayores, la limitación de las visitas a las residencias de mayores y la suspensión de la actividad educativa presencial.
Afectada ella misma por el virus que la mantuvo confinada, Díaz Ayuso lideró una frenética actividad durante el estado de alarma, con el sistema sanitario al borde del colapso que obligó a instalar un hospital temporal en el recinto ferial de Ifema y a habilitar tres morgues ante el elevado número de víctimas mortales.
Uno de los caballos de batalla de la pandemia y una queja recurrente de la presidenta regional ha sido la falta de material sanitario, que ha reprochado en numerosas ocasiones al Gobierno central y que asegura haber combatido lanzándose al mercado internacional: afirma haber adquirido 1.600 toneladas de material que ha llegado en una veintena de aviones procedentes de China.
Díaz Ayuso, que fue el modelo de gestión de la crisis sanitaria para Pablo Casado, permaneció aislada en un apartahotel en plena pandemia desde el 16 de marzo hasta el 10 de abril, después de que se confirmarse su contagio de coronavirus.
La izquierda la acusó de cohecho por alojarse en un establecimiento de la cadena hotelera Room Mate, que cedió a la Comunidad de Madrid sus seis establecimientos en la capital durante la crisis del Covid-19, para personal sanitario y para personas mayores sin coronavirus, un episodio que tanto Ayuso como el empresario dueño de la cadena zanjaron asegurando que ella había pagado como cualquier otro cliente de larga estancia.
AZOTE DE SÁNCHEZ
El coronavirus también ha hecho más relevante el papel de Ayuso de «azote» del Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpó del impacto de la pandemia y a quien ha dirigido todo tipo de reproches, a través de las redes sociales, en declaraciones a los medios y con choques en las semanales conferencias de presidentes que se celebraban durante la crisis sanitaria por videoconferencia. Una «beligerancia» que confesó no compartir el vicepresidente Aguado.
Los agrios enfrentamientos con el Gobierno de Sánchez se han sucedido durante meses, pero sobre todo fueron significativos en el proceso de desescalada, cuando Ayuso acusó a La Moncloa de utilizar criterios políticos y no sanitarios para impedir que Madrid fuera levantando las restricciones, y ha llegado a los últimos días, cuando las autoridades sanitarias del Ministerio han mostrado su inquietud por la eficacia de la región en la detección de asintomáticos y su sistema de rastreadores.
Precisamente, la última polémica por la gestión de la pandemia ha sido la adjudicación de un contrato por casi 150.000 euros con una empresa del grupo Quirón para poner en marcha un equipo de 22 rastreadores de contagios.
Ximena Hessling