El escrito del Ministerio Público invoca el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no considera a las fuerzas del orden como un «colectivo vulnerable».
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia considera que, para ello, hay que sufrir discriminación por su «raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales».
Pellicer y cuatro concejales más firmaron un manifiesto el 3 de octubre del 2017 que pedía la retirada de los policías alojados en un hotel de la ciudad que fueron movilizados para impedir el referéndum soberanista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Tras la firma, hubo una manifestación multitudinaria que pasó por delante del hotel y el establecimiento también fue objeto de varias concentraciones en las que «ninguno de los manifestantes logró acceder al interior», señala la Fiscalía.
Destaca también que tampoco se produjo «ningún tipo de daño ni altercado, incidente o agresión hacia alguno de los agentes de la Policía Nacional allí alojados».
La Brigada de Información de la Policía Nacional también denunció, en la misma causa, a cuatro bomberos, al propietario y el empleado de un gimnasio y a varios activistas independentistas que quedaron fuera de la instrucción tras declarar ante la jueza.
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