Con los votos en contra de los grupos que apoyan el Gobierno, la toma en consideración de la proposición de ley de Vox, registrada a primeros de marzo tras el veto del Gobierno a tramitar una iniciativa popular de la asociación Jusapol, no ha salido adelante.
Durante su debate, la diputada de Vox Macarena Olona ha defendido la «deuda» que la sociedad española y el Congreso tiene con las fuerzas de seguridad del Estado tras luchar contra ETA o «estar en primera línea del mayor ataque a la democracia, el golpe de Estado del 1-0 en Cataluña».
Olona ha admitido que si bien el acuerdo de equiparación salarial acordado en 2018 por el PP y ejecutado por el PSOE ha hecho efectivos ya dos tramos de subida salarial, el anuncio de cobro del último tramo ha sido «una indecencia» al incorporarlo en un decreto del estado de alarma «a modo de cortina de humo para esconder la miseria de un indigno ministro del Interior».
Tanto PSOE como Unidas Podemos han reiterado durante sus intervenciones que esta iniciativa no tiene justificación alguna, además de pretender, ha recordado el diputado de la formación morada Enrique Santiago, que el Estado renuncie a sus competencias.
«Hemos conseguido una mejora salarial del 20 por ciento, de entre 560 y 720 euros brutos más respecto a 2017», ha recordado Santiago que ha invitado a la oposición a trabajar para lograr que otros colectivos mal remunerados también consigan mejoras, como los sanitarios o los funcionarios de prisiones.
Desde el PP, que sí ha apoyado la proposición, han reprochado al Gobierno que no haya impulsado medidas para impedir la discriminación salarial entre cuerpos policiales y han avanzado que de no salir adelante la iniciativa de Vox, presentarán un proyecto propio para definir condiciones salariales y laborales para todas las cuerpos policiales.
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