«No contemplo que el Gobierno de España no nos permita pasar a la fase 1 (de la desescalada) sin tener en cuenta nuestra solicitud de exigencia de mascarillas obligatorias en espacios cerrados en la Comunidad de Madrid», ha asegurado el vicepresidente en una rueda de prensa telemática, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Es «esencial» compatibilizar la apertura gradual de la economía, al pasar a la fase 1, y al mismo tiempo garantizar la máxima seguridad y protección a los ciudadanos que salen a la calle, ha argumentado el también portavoz del Ejecutivo madrileño.
Por eso, la Comunidad de Madrid ha empezado a distribuir 14 millones de mascarillas a la población madrileña, que están en las farmacias y de las que ya se han repartido más de dos millones.
«Nos gustaría que la mascarilla fuera un elemento habitual en nuestro día a día, a medida que fuéramos pasando de fases», ha recalcado Aguado.
«Espero, deseo y confío en que el Gobierno nacional asuma esta propuesta de la Comunidad de Madrid y que a partir del lunes que viene no solamente pasemos a la fase 1, sino que además lo hagamos con la obligatoriedad del uso de mascarillas», ha indicado.
El vicepresidente ha señalado que la utilización de mascarilla, junto con la distancia social y el lavado frecuente de manos, es «nuestro salvoconducto» para «una desescalada sin rebrotes hasta que por fin podamos derrotar al virus con el descubrimiento de una vacuna».
Entre los asuntos que el Ministerio de Sanidad le pidió que reforzara a la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1 figura el afianzamiento de la red de Atención Primaria para hacer un diagnóstico y una evaluación de los pacientes que daban positivo en los test.
Aguado ha explicado que el Gobierno regional consideraba que la región estaba preparada y cumplía los requisitos para pasar a la fase 1 esta misma semana, mientras que el Ministerio de Sanidad consideró que tenía que hacer «un esfuerzo adicional».
Por eso, la Comunidad de Madrid va a incorporar a 685 nuevos profesionales a la red de Atención Primaria entre sanitarios y no sanitarios, además de contratar a 400 técnicos en Salud Pública que van a hacer el «rastreo» de las personas que dan positivo en COVID-19 tanto de ellos como de sus familias para intentar tener «en todo momento controlado un posible rebrote o una posible expansión del virus en las próximas semanas».
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