En su turno de palabra ante el jurado popular de la Audiencia Provincial de Alicante, el abogado de Cano, Javier Boix, ha sostenido que su representado es «claramente inocente» y que es «falso que indujera hacer daño alguno a Ponsoda» y que «fuera un rival político».
También ha insistido en que es «falso que le movieran intereses urbanísticos» y ha asegurado que ambos pertenecían a la misma facción del partido político, el PP.
Del mismo modo ha dicho que años antes, en 2003, Cano había sido relegado en la candidatura municipal por la denuncia de un supuesto soborno, en una decisión que no adoptó Ponsoda, sino la dirección provincial de los populares.
Según este abogado, es mentira que fueran malas las relaciones personales entre Cano y Ponsoda, y ha puesto en duda la investigación policial, al creer que «ha dado bastantes tumbos».
Además, ha descalificado al testigo protegido sobre el que se basan las acusaciones al calificarlo de personaje «sórdido» y «de película» y ha añadido que su testimonio ha podido surgir para «arreglar algún asunto» con tres declaraciones en distintos momentos de la instrucción «que no coinciden».
Junto al vicealcalde y concejal de Urbanismo en el momento del crimen y posterior alcalde, el citado Cano, figuran entre los siete acusados un empresario local, Salvador R.G., y dos responsables del club de alterne donde se cree que se fraguó el homicidio, además de tres presuntos sicarios.
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