Su sucesor en el cargo, y antes, concejal de Urbanismo, Juan Cano, se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras seis personas para ser juzgado a partir de este lunes ante un jurado popular como inductor del asesinato, por el que se pide a todos ellos penas de 25 años de cárcel.
Entre los acusados están otras tres hombres que, según la Fiscalía, participaron en la planificación del crimen en un reservado del club de alterne Mesalina, ubicado en la localidad de Finestrat: un empresario de Polop, Salvador G.; y el propietario y el gerente del club, Pedro Jesús H. y Ariel Alberto G., respectivamente.
De acuerdo con el escrito de calificación de la Fiscalía, los cuatro se conjuraron para acabar con la vida de Ponsoda movidos por la «animadversión que sentían hacia él por razón de su cargo».
Estos cuatro acusados mantuvieron un primer encuentro en el verano de 2007 con un individuo en el club Mesalina con la intención de contratarlo para que matase a Ponsoda a cambio de 35.000 euros.
Ese hombre rechazó el ofrecimiento y, después del crimen, se convirtió en una de las principales piezas del caso, al declarar ante la Guardia Civil los detalles de la propuesta que había recibido.
Se convirtió en testigo protegido y su testimonio durante el juicio se considera determinante para apuntalar la culpabilidad de los acusados, ante la inexistencia de evidencias físicas directas que los incriminen.
Cano y sus tres presuntos cómplices contactaron con otras tres personas para que cometieran el crimen, a quienes conocían por haber trabajado de porteros en varios clubes de alterne.
Se trata de Raúl M., Radim R. y Robert F., y según la Fiscalía, los tres «accedieron a acabar con la vida de Alejandro Ponsoda a cambio de una cantidad aproximada de 50.000 euros».
El asesinato se produjo sobre las 21:20 horas del 19 de octubre de 2007. Provistos de dos pistolas que no han sido encontradas, los tres presuntos sicarios aguardaron a la llegada de Ponsoda al domicilio en el que residía, en la pedanía de Xirles, se aproximaron a la ventanilla del conductor y le descerrajaron tres tiros.
Una de las balas disparadas impactó en la cabeza del alcalde y quedó alojada en su interior, sin llegar a causarle la muerte en el acto. Ponsoda falleció ocho días después en el Hospital General de Alicante, en el que había sido ingresado.
Después, Cano se convirtió en nuevo alcalde, con lo que, según la Fiscalía, habría conseguido alzarse con el manejo de las decisiones relacionadas con el urbanismo, como supuestamente había pretendido desde 2003, cuando había dejado de ser el concejal responsable de ese área.
Cano fue detenido en 2009 y estuvo en prisión provisional durante poco más de medio año. Ahora se enfrenta a una posible condena de 25 años de cárcel, a petición del Fiscal y de la acusación particular, quienes le consideran el cabecilla de la trama que indujo al asesinato.
Los otros seis acusados se enfrentan a las mismas penas como inductores o como autores materiales de los disparos. Además, la Fiscalía pide dos años de prisión adicionales para los tres presuntos sicarios por el delito de tenencia ilícita de armas.
Las defensas niegan el relato de las acusaciones y piden su libre absolución.
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