Hurtado ha expuesto este planteamiento ante la comisión permanente de Consejo General del Poder Judicial al defender su candidatura para acceder a una de las tres plazas vacantes por jubilación en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El magistrado se ha mostrado a favor de aplicar el «principio de reciprocidad» como un «mecanismo de defensa» tras el caso de Puigdemont, aunque el Tribunal Constitucional no sea favorable a ello en el caso de las euro-órdenes, según ha reconocido.
Tras criticar que la Audiencia Territorial del «land» de Schleswig Holstein rechazara la extradición entrando en el fondo del asunto, sin tener toda la documentación y escuchando sólo al afectado, ha considerado también que el Ejecutivo debería haber planteado un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de las complicaciones de ese paso.
Para las plazas vacantes en la Sala de lo Penal del alto tribunal se han presentado veintiocho candidatos -11 de ellos magistrados de la Audiencia Nacional- que deben exponer cinco de sus resoluciones más representativas.
Entre las suyas, Hurtado ha elegido la extensa sentencia de la primera época del caso Gürtel, que redactó prácticamente entera aunque, ha apuntado, en las bases de datos no aparezca como ponente porque varios magistrados introdujeron cambios en su borrador que le llevaron a plantear un voto particular.
En él rechazó condenar al PP como partícipe a título lucrativo y fue especialmente crítico con que se hubieran incluido en la sentencia asuntos, a su juicio, colaterales, como la acreditación de una caja B en el partido.
Hurtado, que presidio el tribunal de la Gürtel y se opuso a citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como testigo en el juicio, ha recordado que redactó los alrededor de 1.600 folios de la sentencia en cinco meses, tras 126 sesiones de juicio.
«Les da una idea de que trabajé en ese asunto desde el primer minuto», ha subrayado.