Según ha adelantado el diario Público y han confirmado fuentes de la URJC, Ramos acudirá a declarar el próximo 16 de enero al Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada, que ha admitido a trámite una querella presentada por el Instituto Alicia Alonso después de que el rector no renovara el acuerdo de encomienda de gestión que se mantenía desde hacía 18 años.
Los hechos se remontan al mes de julio pasado, cuando, según las mismas fuentes, el rector comunicó su voluntad de renegociar el convenio con el Instituto, prorrogándose el acuerdo anterior para el curso 19/20, hasta que «se alcanzara un nuevo contrato que a ambas partes».
Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo finalmente, el rector anunció en octubre a los gestores del Instituto, a los profesores y a los alumnos, con el curso ya empezado, que a partir del 1 de noviembre «asumía totalmente» la gestión de los grados oficiales en Artes Visuales y Danza que hasta ahora impartía el Instituto.
Varios estudiantes iniciaron movilizaciones y una huelga y el Instituto Alicia Alonso, que además de titulaciones oficiales impartía títulos privados al margen de la universidad, decidió emprender acciones legales, por la vía contencioso administrativa y por la vía penal.
La denuncia en el contencioso administrativo fue admitida a trámite, otorgando el juez la medida cautelarísima de suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada, «prorrogando de esta manera el acuerdo ya existente hasta que finalice el presente curso», según ha confirmado la URJC.
En declaraciones hechas por el rector de la URJC ha insistido en que su único fin al no renovar el convenio con el Instituto ha sido siempre «buscar la mejor calidad de la formación» de los estudiantes y «controlar hasta el último euro del contribuyente».
«Hemos intentado un acuerdo hasta el último momento con el Instituto de Danza Alicia Alonso, para que nuestros alumnos tuvieran una formación de calidad y en eso estamos», ha añadido Ramos, quien está molesto por que la universidad «esté otra vez en la picota, por intereses particulares».