El abogado de la familia, Luis Ocaña, ha declarado que esta decisión es importante para que se «esclarezcan» los hechos y arrojar «cierta luz» en la investigación de esta querella interpuesta por familiares de diferentes víctimas de la memoria histórica.
Las hermanas del joven asesinado, Purificación, Loli y Paqui García Caparrós, acompañadas por Ocaña, y Manuel Ruiz, de la asociación de Víctimas de la Transición de Andalucía, han presentado este miércoles el informe jurídico de la situación actual del caso y han pedido a la Junta que indague en los hechos.
El abogado ha reiterado que es «absolutamente necesario» el compromiso de la presidencia de la Junta de Andalucía para esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 en Málaga y ha manifestado que tuvieron lugar «irregularidades inconcebibles» en cualquier investigación «mínimamente rigurosa».
«Se le devolvió la ropa que llevaba puesta Caparrós a la familia en el mismo hospital, se limpiaron las balas que se localizaron con acetona, y no se tomó declaración a todos los testigos» ha afirmado Ocaña, quien ha asegurado que esta causa se archivó para «garantizar la impunidad de algunas personas».
A su vez, ha recordado que hace un mes la familia se personó en el palacio de San Telmo y solicitó una entrevista a Juanma Moreno para impulsar la investigación de los hechos, pero él no se encontraba allí y se les prometió una llamada, según Ocaña.
El abogado de la familia ha declarado que este contacto «no ha tenido lugar» y es «necesario» que se produzca y que la Junta de Andalucía cumpla con el compromiso de indagar en los hechos que adquirió cuando Susana Díaz era presidenta.
La familia, a través de la Asociación de Víctimas de la Transición, ha solicitado a la Junta una declaración de reparación y reconocimiento efectiva hacia García Caparrós y su familia por condición de víctimas y la construcción de monumentos en homenaje hacia la víctimas de la Transición.