Asensio, que también pertenecía a la Mesa de Contratación que concedió la explotación a Grupo México-Minorbis, está citada después de la subdirectora general de Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 2015, que declarará como testigo.
La instructora Patricia Fernández también tomará declaración este lunes a un segundo investigado, J.J.G.B., miembro de la comisión técnica y gerente de inversiones de Invercaria-Gestión en Málaga, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La magistrada sigue así el mandato de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que el 26 de septiembre ordenó reabrir la causa al estimar íntegramente el recurso de apelación de la empresa que resultó perdedora en el concurso, Emérita Resources, contra el archivo de la denuncia penal dictado el 11 de marzo.
La Sala advirtió «poderosos indicios» de prevaricación y mandó «investigar la participación de cuantas personas hayan intervenido (…) para favorecer el concurso presuntamente fraudulento».
También vio «indicios ostensibles» de tráfico de influencias, cohecho y malversación por «la inexistencia de motivo que explique por qué Grupo México no participó por sí misma en el concurso y se valió de Minorbis» y por «los ascensos de personas relacionadas con el concurso», que «podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados».
Tras recibir el dictamen de la Audiencia, la jueza emitió el 8 de octubre un auto en el que, entre otros, cita para el 2 de diciembre a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex secretario general de la Consejería de Innovación, en calidad de investigado.
Fernández dimitió de su cargo en la SEPI el mismo día que la Audiencia reabrió la causa.
El 12 de diciembre se personarán en el juzgado, también como investigados, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes del grupo Magtel, de la que era filial Minorbis.
La instructora ha llamado como investigados a todos los miembros de la comisión técnica y la Mesa de Contratación, trece personas en total, y ha ampliado la investigación, inicialmente limitada a la prevaricación, a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.
El objetivo es que quienes ya comparecieron durante la anterior instrucción «puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones «, mientras que los que no figuraban como investigados podrán «prestar nueva declaración».
El juzgado, a instancias de la Sección Séptima, también solicitará a la Junta que informe a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los cargos que ostentaban esos trece investigados y el expresidente de la SEPI «tres meses antes de iniciarse la licitación» y después del concurso.