La iniciativa, que han detallado este viernes en rueda de prensa los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo, requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara autonómica, que tiene 81 parlamentarios, para salir adelante; y además el respaldo del Congreso ya que se trata de una reforma de una ley orgánica por afectar al Estatuto de Autonomía.
De la Hoz ha confiado en que la reforma se tramite por el procedimiento de lectura única a partir de septiembre en las Cortes regionales y que pueda llegar al Congreso a final de año, aunque ha advertido de que llevará su tiempo.
Amigo ha explicado que Podemos, con dos procuradores, y Vox y Por Ávila, con uno cada uno, respaldan la reforma, mientras que el único representante de UPL les ha planteado que la reforma sea más amplia.
En la misma medida se ha expresado el PSOE, que tiene 35 procuradores, que apoya que se supriman los aforamientos, como ya defendió en la anterior legislatura aunque no prosperó por limitarlo el PP a los procuradores, y que pide que se aproveche la reforma para incluir en el Estatuto un suelo social.
Esta reforma urgente del Estatuto para suprimir todos los aforamientos, también los que afectan al presidente de la Junta y sus consejeros, es el punto dos de los cien del acuerdo de Gobierno que firmaron PP y Cs para gobernar Castilla y León, han recordado los dos portavoces.
En concreto, la reforma suprime del artículo 22.2 del Estatuto y del 29 lo referente a los aforamientos, que suponen que procuradores y miembros del Gobierno no sean juzgados en el caso de que se les abran causas penales por la justicia ordinaria sino por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, si el delito es en la Comunidad, o por el Supremo, en los otros casos.
Con ello, ha apuntado De la Hoz, recuperan la posibilidad de acudir a la segunda instancia.
En este momento no hay ninguna causa abierta a ningún procurador de Castilla y León ni miembro de la Junta, ha detallado el portavoz del PP, que ha precisado que si se abriera alguna se mantendría el aforamiento en tanto que se aprueba la reforma.
De la Hoz ha explicado que se trata de un proceso lento y que son varias las Cámaras regionales que han abordado esa limitación o supresión de los aforamientos, aunque la única que la tiene en vigor es Canarias, mientras que las de Balares, Murcia, Cantabria y más recientemente Andalucía -con una reforma prácticamente idéntica a la que se ha presentado hoy- todavía la están tramitando.
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