Los funcionarios de prisiones han iniciado, a partir de este mes de agosto, una serie de movilizaciones y protestas por las diferentes provincias españolas para reprochar al Ministerio del Interior el déficit de personal y las agresiones «diarias» sufridas por los trabajadores.
Dos agresiones de media al día y un déficit de 2.100 puestos de trabajo son las principales denuncias de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), que ha convocado esas protestas y que pide que se reconozca a los funcionarios de Prisiones la condición de agente de la autoridad.
Las protestas responden a una «situación de hartazgo» del colectivo, según ha explicado a Efe el portavoz de Acaip Nacho Gutiérrez.
De aquí a septiembre Acaip ha convocado movilizaciones en diferentes provincias españolas, acampadas, una marcha desde la Secretaría General de Instituciones hasta el Ministerio del Interior y una donación de sangre por cada agresión sufrida.
Ayer mismo, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia acogieron las primeras protestas y hoy le ha tocado el turno a Aragón, La Rioja, Asturias, Cantabria y Melilla, en tanto que mañana se llevarán a cabo en Andalucía y Galicia.
En las protestas de Zaragoza, Teruel, Logroño y Santander, los manifestantes han regalado chorizos a las autoridades para denunciar su «caótica» situación y la «falta de honestidad y honradez que la administración ha manifestado con su personal», según han declarado los representantes de las respectivas delegaciones de Acaip.
El secretario general de Acaip, Ignacio Hernández, ha afirmado que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, está anclado «en el siglo XVIII», pues desde hace cinco años, ha explicado, no han tenido «absolutamente ninguna reunión» con él.
Hernández ha señalado que Yuste «se ha cerrado en banda totalmente».
«Sufrimos dos agresiones de media al día, es una situación continuada», denuncia Gutiérrez, quien reprocha a Interior que no se les reconozca a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad.
Las reivindicaciones del colectivo se centran en tres puntos esenciales: la falta de personal, que cifran en unas 2.100 plazas sin cubrir; la problemática de las agresiones y la falta de respuesta y de diálogo por parte de la Administración.
El delegado de Acaip en Cantabria, Juan José Cabrera, ha puesto como ejemplo el centro penitenciario de El Dueso de Santoña, en el que hay «40 vacantes de funcionarios», aunque ha afirmado que «en el resto de España la situación es la misma».
«Acudimos a litigios contra internos con nuestro nombre, no se nos reconoce como agentes de la autoridad, hay funcionarios en prácticas a quienes no se les ha vacunado de la hepatitis C…», enumera Gutiérrez.
Además, denuncia el portavoz sindical que no obtienen respuesta a las demandas de los funcionarios de prisiones -que, asegura, han trasmitido por escrito al ministro del Interior- y que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se limita a decir que «no lo ve».
Otra de las quejas del colectivo se centra en el aumento de personal de seguridad privada para el control de las cárceles, en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«La Administración está enriqueciendo a las empresas de seguridad privada. Empezaron fuera y ahora empiezan a abarcar funciones dentro de las cárceles», explica Gutiérrez.
El calendario de actividades planteado por el sindicato de prisiones, establecido para el segundo semestre de este año, tiene como objetivo «dar a conocer a los ciudadanos» la problemática de los trabajadores en las cárceles españolas.
EFE