La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovecha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para exhibir su aún enorme poder en el Ejecutivo de Rajoy. Ella ha sido la encargada de anunciar que el ministro de Economía, Luis de Guindos, al que toda la oposición reclama que comparezca en el Pleno del Congreso para explicar el 'caso Soria', no lo va a hacer.
Y no porque él no quiera. De hecho, Guindos aseguró este jueves desde Bratislava que estaba dispuesto a explicar la polémica ante todos los diputados. Sino porque el Gobierno, con Santamaría al frente, no está dispuesto a abrir la veda del control parlamentario. Una lucha que ha liderado ella y su equipo más cercano principalmente, apoyados en el argumento de que un Gobierno en funciones no cuenta con la confianza de la Cámara y que por lo tanto no tiene que someterse a su control.
Un argumento que no cuela ya ni en el Partido Popular. «Que el Gobierno esté en funciones significa que el Gobierno es parlamentario. Es decir, ahora más que nunca habría que pasar por las Cortes a dar explicaciones», reconoce un parlamentario 'popular'. No obstante, el Gobierno está inmerso en una guerra que tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional.
Tal y como ha recordado Santamaría, aún está pendiente el recurso en el Constitucional sobre si se puede controlar a un Ejecutivo en funciones. «Nosotros no cambiamos de criterio» y «se está dilucidando un conflicto entre dos poderes del Estado» han sido sus respuestas más recurrentes para evitar ahondar en esta cuestión, que ella misma ha reconocido con su gesto y tono que es espinosa.
Y no sólo porque ella crea que aceptar explicar el 'caso Soria' en un Pleno del Congreso siente precedente y el Gobierno no se pueda seguir negando acudir al control parlamentario, como hicieron durante la pasada legislatura, sino porque además existe un temor generalizado en el Ejecutivo de que este caso se va a utilizar electoralmente para atacar a Rajoy. «El Pleno es una Cámara legislativa y de control, pero no para que se convierta en el escenario de una precampaña ante unas posibles elecciones», ha llegado a advertir Santamaría.
En el PP creen que lo importante es que el ministro «dé expliciones» del nombramiento fallido de Soria como director ejecutivo del Banco Mundial. La indignación crece por momentos. «Nos han engañado», llegan a reconocer fuentes 'populares'. «Ha sido un error gravísimo», insisten. Pero también reconocen que el lugar en el que lo haga no tiene porque ser ante el Pleno. Reconocen que hacerlo en la comisión de Economía servirá para «hacer lo que hay que hacer, que es dar explicaciones», y no para utilizarlo como arma arrojadiza electoral.
Aún así ya reconocen que lo grave de todo este asunto, además de que pueda acarrear un coste electoral en las próximas elecciones del 25 de septiembre, es que ha puesto en evidencia «la división interna» que existe. Y no sólo en el partido, sino también en el Gobierno.
En el Partido Popular no pasan por alto la guerra fría que se ha instalado entre el clan que lidera Soraya Sáenz de Santamaría y el llamado G-8 que aglutina a todos los ministros marianistas, entre los que se encontraba José Manuel Soria. Ya borrado del mapa político, y por si había alguna duda de cualquier premio político. Y donde se encuentra el próximo objetivo: Luis de Guindos.
La vicepresidenta en funciones tiene serías sospechas de que su poder en el Ejecutivo va a ser equilibrado si Rajoy vuelve a gobernar. Los rumores que corren como la pólvora es que pueda ser Guindos el que la haga de contrapeso. Las relaciones nunca han sido muy estrechas. El ministro de Economía es uno de los hombres fuertes del G-8; y aniquilado Soria, ahora él está en el punto de mira.
El desacertado nombramiento de Soria ha sido un buen golpe a Guindos, pero parece que la mano negra no está dispuesto a dejarle sobrevivir. Ya se está filtrando a satélites informativos cercanos a la vicepresidenta que el sustituto de Soria, Jiménez Latorre, también tiene relación con paraísos fiscales.
El caso es que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido la manera en la que el Gobierno ha comunicado a la opinión pública su decisión sobre el pleno que convocó este jueves a última hora la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El Pleno se tendrá que celebrar, aunque aún no se sabe quién irá.
Así como tampoco se sabe cuándo se constituirá la comisión de Economía y por lo tanto se podrá celebrar la comparecencia. Todo parece indicar que será a principios de la semana que viene. Si es así, puede que el jueves o el viernes el ministro ya esté dando explicaciones sobre este asunto y otros, como los presupuestos, que es sobre lo que él y el Gobierno quieren hablar.
Elsa S. Vejo