Aunque el CSN dio luz verde al cementerio nuclear en Villar de Cañas esta semana, las prospecciones del subsuelo, un elemento clave en la seguridad del almacén, aún no se han realizado. La Empresa Nacional de Residuos (Enresa) acaba de convocar un concurso para realizar estas pruebas en el subsuelo de Villar de Cañas, donde se va a ubicar el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que albergará los residuos nucleares de las centrales españolas.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el pasado lunes en pleno extraordinario un informe clave para iniciar las obras del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). El documento, remitido al Ministerio de Industria para que conceda el permiso definitivo, autoriza el comienzo de la construcción de las infraestructuras y acciones preliminares del ATC.
Aunque todavía quedan pendientes varios documentos y permisos por autorizar y obtener el sí definitivo, el dossier ratifica que el terreno es idóneo para edificar el silo nuclear. Sin embargo, los propios geólogos del organismo sostienen que los suelos son “desfavorables” mientras que las organizaciones ecologistas afirman que el informe es “deficiente” puesto que no cumple con la normativa del CSN. Es más, Enresa, la compañía pública que gestiona el proyecto, lanzó a concurso un contrato por valor de 142 millones de euros con el objetivo de estudiar los terrenos a través de prospecciones geológicas.
De hecho, según denuncian las organizaciones ecologistas, el CSN ha aprobado un informe que da el visto bueno al emplazamiento de la instalación sin haber realizado un análisis completo del subsuelo. Los sondeos comenzarán previsiblemente el próximo mes de septiembre y tendrán una duración aproximada de ocho meses, según afirma Ecologistas en Acción (EA). “Es escandaloso. Entendemos que ese informe se debería haber aprobado con las prospecciones hechas. Antes de dar una autorización previa hay que determinar que es adecuado ese espacio para la instalación, antes hay que conocer el estado del subsuelo”, asegura Francisco Castejón, portavoz de EA.
Fue el propio Ministerio de Industria el que exigió celeridad al Consejo de Seguridad Nuclear para agilizar el proceso de licitación y aprobar el informe. Así figura en el acta del pleno celebrado el pasado 15 de julio. “La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe de la dirección técnica de Seguridad Nuclear a la petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de que el CSN anticipe la evaluación del impacto radiológico del Almacén Temporal Centralizado de combustible gastado y residuos de alta actividad previsto en el término municipal de Villar de Cañas”.
Sin embargo, el gobierno manchego ha decidido echar el freno y paralizar el proyecto. Fue uno de sus compromisos electorales y el martes se hizo efectivo. El presidente de la región, Emiliano García-Page, explicó su intención de ampliar la zona especial de protección para las aves (ZEPA). La medida supone un varapalo contra los planes del Gobierno nacional puesto que afecta a los terrenos donde se pretende instalar el cementerio nuclear. Aun así, el ministro de Justicia Rafael Catalá, afirmó que tenía la intención de estudiar “adecuadamente” la tramitación de Page porque el Estado “puede hacer alguna declaración de interés general”. Pero los socialistas han lanzado una ofensiva y el vicepresidente del gobierno regional asegura que si el Ejecutivo de Rajoy declara el proyecto del ATC como de ‘interés general’ irán a los “tribunales españoles y de la Unión Europea”.
Las organizaciones ecologistas, por su parte, insisten en la peligrosidad que implica la construcción del almacén nuclear. Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca han iniciado una campaña sobre los peligros asociados al transporte de residuos nucleares. Se han dirigido a los 217 municipios de Cataluña, País Valenciano, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, afectados por el proyecto para que reclamen su paralización. Explican que circularían por todos ellos cerca de 40 transportes nucleares por año -tres cada mes-, según datos ofrecidos por Enresa, si finalmente se lleva a cabo la instalación del almacén. Piden tres medidas urgentes: la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos, que se identifiquen las alternativas técnicas más seguras y que se determine la alternativa socialmente más apoyada.