Pactos. Es la palabra más pronunciada de las últimas semanas y tanto Podemos como Ciudadanos, las dos formaciones emergentes que han irrumpido en parlamentos y consistorios tras las elecciones autonómicas y municipales, se han convertido en llave de gobierno en distintas Comunidades Autónomas. Ambos partidos insistieron durante la campaña electoral en que no modificarían sus condiciones y que no alterarían sus “líneas rojas” a la hora de pactar con otros grupos. Sin embargo, después de los comicios y en plena semana de negociaciones, algunos portavoces han rebajado sus exigencias para facilitar investiduras, otros han decidido añadir peticiones que han atascado acuerdos.
La formación que dirige Pablo Iglesias reclama en todas las mesas de negociación en las que está presente el cumplimiento de tres puntos: transparencia política, rescate ciudadano y reforma democrática. Podemos mantiene sus grandes líneas programáticas en todas las regiones en las que su apoyo a la investidura es clave. Reducción de sueldos, minoración de altos cargos, implantación de medidas anticorrupción y de emergencia social y despolitización de los medios de comunicación. Hasta ahí los cabeza de lista de las distintas reuniones están de acuerdo, sin embargo, la actitud y la exigencia de los portavoces varía según la Comunidad Autónoma. Incluso la manera de afrontar las negociaciones es diferente.
El líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, ha elaborado un decálogo de doce medidas para conformar gobierno. Un sistema parecido al de Castilla-La Mancha. José García Molina, candidato de Podemos, y Emiliano García Page, presidente electo, concretarán un pacto a través de un texto conjunto que contiene doce medidas. Por el momento se han puesto de acuerdo en once de ellas. Buscan consenso sobre la necesidad de crear una auditoría ciudadana, la recuperación de servicios externalizados, pobreza energética, infantil, económica y de equidad en el acceso a los servicios públicos y dependencia. También negocian una reforma tributaria, transparencia, contratación pública, más participación ciudadana, creación simbólica del escaño ciudadano y reforma del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, presenta las condiciones para pactar con Guillermo Fernández Vara resumidas en tres grandes áreas: emergencia social, igualdad y transparencia. En lo que más insiste Jaén es en la reducción de salarios públicos.
En Andalucía, aunque sin éxito, Teresa Rodríguez también propuso tres medidas, aunque más concretas tras aceptar la dimisión “en diferido” de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La portavoz reclamó la suspensión de acuerdos por parte de la Junta con bancos que realizan desahucios, la readmisión de personal en educación y sanidad despedido con las políticas de recortes y la disminución de altos cargos y asesores. Por otro lado, la posición de Podemos respecto a los desahucios difiere en sus distintas formulaciones. Echenique propone obligar a las entidades a firmar acuerdos con el gobierno regional para evitar que se produzcan desalojos “sin alternativa habitacional”. Esta propuesta también se mantiene en Castilla La Mancha y en Extremadura. Sin embargo, en Andalucía Podemos exigió en las negociaciones con Susana Díaz la suspensión de acuerdos con los bancos que desahucian. La presidenta de la Junta propuso poner en marcha la misma fórmula que ha planteado Manuela Carmena, cabeza de lista de Ahora Madrid: una solución habitacional para los ciudadanos desahuciados. Rodríguez no aceptó y se suspendieron las negociaciones.
Respecto al empleo, las propuestas de Podemos también son dispares. Para Echenique son fundamentales las “clausulas sociales y medioambientales en la contratación pública” y propone además la creación de cooperativas y empresas que contraten a colectivos en situación vulnerable. En Castilla-La Mancha Podemos insiste en poner en marcha la renegociación de deudas de Pymes y autónomos. Sobre pobreza energética y fiscalidad a las hidroeléctricas, Echenique quiere exigir que no se produzcan cortes de suministro de electricidad o gas si se trata de vivienda habitual y si el impago se debe a motivos ajenos a su voluntad. De hecho, plantea la puesta en marcha de un “mínimo vitar de energía mensual del hogar”. En cuanto a la fiscalidad, Podemos en Extremadura no ha presentado ninguna propuesta puesto que existe desde hace años un impuesto a las eléctricas y a las nucleares. Por último, solo Podemos Extremadura pide la paralización de la inversión pública destinada a la construcción de infraestructuras. Se opone a las obras del AVE y del Aeródromo de Cáceres.
Ciudadanos rebaja exigencias
Ciudadanos rebaja sus exigencias para facilitar gobiernos La formación dirigida por Albert Rivera ha insistido desde sus inicios sobe la necesidad de regenerar la democracia. Sin embargo, Ciudadanos en Andalucía ha rebajado su exigencia para facilitar la investidura de Susana Díaz. En un primer momento el acuerdo entre Ciudadanos y socialistas parecía imposible puesto que los de Rivera exigían la dimisión inmediata de los imputados. De hecho, Albert Rivera llegó a decir ante los medios de comunicación que hasta que no se produjera la dimisión inmediata de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves no le llamaran. Semanas después, el partido de Rivera ha flexibilizado sus exigencias sobre las imputaciones y ahora se remite a la resolución del Tribunal Supremo sobre el caso de Griñan y Chaves. Finalmente Ciudadanos ha cerrado el acuerdo a través de 70 medidas aceptadas por el PSOE-A.
Además, Rivera ha asegurado que el acuerdo con los socialistas es un “triunfo” y se ha mostrado satisfecho por introducir en los pactos la limitación de mandato. “Nunca había existido una limitación legal de este tipo”, afirmó. Pero lo cierto es que sí que existe puesto que la norma ya está implantada en algunas Comunidades Autónomas. José Antonio Monago, expresidente de Extremadura, impulso la Ley de Regulación del Estatuto de los cargos públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura que incluye la limitación a dos legislaturas el mandato de los presidentes autonómicos. La limitación legal de mandatos también está presente en Castilla-La Mancha, implantada en la época de José Bono.