El secretario general del colectivo se ha personado este lunes en los Juzgados de Plaza Castilla para interponer una querella contra el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero. Miguel Bernard le acusa de integración en organización criminal y delitos societarios contra la Hacienda Pública, además de falsedad documental. Tal y como explica la denuncia, Bernard considera que el líder de la formación representa una “pieza fundamental en el reparto de roles” de la productora de Pablo Iglesias, Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda. Por otro lado, considera que la empresa se ha establecido con una estructura característica de las organizaciones criminales puesto que a través de ella se facilita “la comisión reiterada de delitos” y cuenta con un “reparto diferenciado de funciones”. “Era el encargado de gestionar las relaciones institucionales económicas y financieras de la antedicha asociación sin ánimo de lucro, desempeñando un papel de dirección, gestión y coordinación junto con otros colaboradores”, añade el colectivo.
La querella recoge que la asociación contiene «diversas y notorias irregularidades, tales como el empleo de trabajadores sin figurar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social; el pago de comisiones en dinero B por prestaciones de servicio; la supresión de derechos de los trabajadores; el abuso de las condiciones fiscales que caracterizan a una asociación sin ánimo de lucro; y la obtención de subvenciones de entidades y personalidades internacionales, de sospechoso origen ilícito, como son La República de Venezuela y el Régimen Iraní». También resalta que los líderes de Podemos, Iglesias y Monedero han “ocultado y eludido” sus obligaciones tributarias y que han transferido esta asociación a otra denominada ‘Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones’, fundada en el año 2013, “cantidades importantes de dinero procedentes de las financiaciones que percibían del Gobierno Iraní, Venezolano y Boliviano de sospechosa procedencia ilícita”. El total del dinero percibido suma la cifra de 450.000 euros.
Manos Limpias asegura en su denuncia que la compañía “tributa fraudulentamente por el impuesto de sociedad en lugar el IRPF, defraudando alrededor de 100.000 euros por distintos tipos impositivos”. Además, el colectivo recoge que el “denunciado simula un negocio de una empresa que no existía, su empresa no existía cuando realizó los trabajos pero fue la que los facturó tres años después”.
El colectivo también denuncia a Monedero por realizar “actividades profesionales ajenas a su cargo de profesor de Ciencias Políticas, incumpliendo sus obligaciones como tal, percibiendo retribuciones económicas solapadas por ejercer actividades distintas y entre ellas excluyentes”. Sobre el trabajo efectuado por Monedero, el sindicato establece que lo hizo sin autorización de los máximos responsables de la Universidad y que para efectuarlo se requiere de “una autorización previa”. “Los Estatutos de la UCM (Artículo 173 y 174), establecen la necesaria conformidad del Departamento y autorización del Rector y además se debe abonar lo que se denomina OVER HEADS o costes a la Universidad (un 20% aproximadamente de los ingresos obtenidos por la persona a la que se le ha concedido la autorización o compatibilidad”, expresa la denuncia. Añade que la actividad del denunciado no entra dentro de las excepciones que establece la Ley de incompatibilidades en el artículo 19.f). Concluye que se ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades.
Por su parte, el ‘número 3’ de Podemos explicó el pasado 20 de enero en un programa de La Sexta que no tiene nada que esconder puesto que el balance de cuentas de su productora “está en el registro mercantil a los ojos de cualquiera”. También quiso aclarar que cuando se factura fuera de España y fuera de la Unión Europea “no hay que facturar con IVA, lo sabe cualquier persona que hace comercio exterior”. “Soy consultor internacional trabajo fuera y por eso no hay pagar el IVA”, expresó.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, ha registrado la querella este lunes para que sea asumida por el Juzgado de Instrucción de Madrid a quien corresponda por reparto.