El presidente de la Generalitat, Artur Mas, enviará a partir del lunes un escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en que le pedirá acordar una votación que «de forma definitiva y acordada» permita decidir a los catalanes su relación con el resto de España, como los referéndums que se hicieron en Quebec (Canadá) y Escocia (Reino Unido).
Mas ha dicho este miércoles que, con la demanda que la Generalitat ha presentado al Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno central tras la suspensión del 9N, el Govern no sólo defiende las libertades de los catalanes: «Estamos también defendiendo y luchando por los derechos de todo el pueblo español».
Ha hecho un llamamiento a los voluntarios y a los catalanes que quieran participar en el 9N a no tener miedo a implicarse y participar en el proceso participativo, y ha agradecido el civismo de toda la ciudadanía: «El proceso se está haciendo sin ningún golpe, ningún insulto y sin ningún papel en el suelo«, ha apreciado en un acto del Forum Europa.
El pleno del Constitucional suspendió este miércoles por unanimidad la convocatoria del «proceso de participación ciudadana» convocado por Artur Mas para el 9 de noviembre como alternativa a la consulta oficial, que fue paralizada por el mismo tribunal el 29 de septiembre. La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión de la convocatoria, así como la de sus actos de preparación en cumplimiento del artículo 161.2 al igual que ocurrió a finales de septiembre con el decreto de convocatoria que se amparaba en la Ley de Consultas de Cataluña. Aunque el Gobierno catalán no tiene intención de dar su brazo a torcer.
Tal y como ha sostenido este martes el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, el «proceso participativo» previsto para el 9N se mantiene. Y anuncia que demandará al Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Supremo por «atentar contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica». Además, Homs asegura que «todo está a punto para el 9N».
El Ejecutivo aportaba como pruebas de incumplimiento de la Constitución la web 'participa2014.cat', las comunicaciones del Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
La providencia no incluye advertencia expresa al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a pesar de haberlo solicitado la Abogacía del Estado en el texto de la impugnación. Este artículo establece que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».