La sociedad española ha evolucionado. Nada tiene que ver la situación actual de las mujeres en España con respecto a hace treinta años. Su presencia en el ámbito laboral se ha dignificado. Su acceso a la educación es pleno. Y muchas han logrado alcanzar puesto importantes dónde escasas décadas atrás era impensable que ni siquiera pudieran optar. Todas ellas son afirmaciones reales, máximas revolucionarias que han conseguido cambiar en cierta manera el orden de esta sociedad. Pero la pregunta que aquí nos planteamos es otra, ¿son acaso estos avances suficientes para hablar de igualdad plena entre hombres y mujeres en el ámbito laboral?
A continuación recurrimos a datos empíricos para presentar un tema que parece se ha vuelto a poner de actualidad. Las mujeres representan más del 50% tanto de la población como de la fuerza de trabajo y, sin embargo, sólo un 10% llegan a alcanzar puestos directivos. En estos momentos, a nivel de cualificación, un 60% de las mujeres terminan sus estudios, el absentismo femenino es de un 43 % frente al 66% masculino y los salarios son un 30% inferiores a los masculinos. Si tenemos igual formación y similares capacidades, ¿por qué estas desigualdades?
Mucha es la literatura que ha intentado dar explicación a todas estas incógnitas, no obstante, la realidad es la que es. Sin ir más lejos, en el sector de la comunicación, donde se supone que trabaja un mayor número de mujeres que de hombres, las cifras siguen siendo desoladoras. Este verano, la International Women’s Media Foundation en colaboración con la UNESCO determinaba que en España, las mujeres están por debajo del 20% en los puestos de más alto nivel en un medio de comunicación, mientras que entre los profesionales senior alcanzan el 44% y superan a los hombres en las secciones de ventas, finanzas y administración (52%).
Ya hace varios años que se habla sin cesar sobre el poder de las mujeres en la sociedad. Matizo, el poder de la mujer en la sociedad occidental, libre y desarrollada. Sin embargo, los datos siguen sin cuadrar en esta argumentación. Si nos fijamos en la estructura de poder mundial encontramos varias sorpresas. Actualmente, en el mapamundi político nos encontramos con 13 presidentas del Gobierno y 8 primeras ministras. De estas 21 mujeres, solo 7 son europeas. Y de estas 7, ninguna es española. No sólo no hay ninguna española, sino que en toda nuestra historia democrática, ninguna mujer ha optado a este puesto. ¿Simple coincidencia o cruel discriminación?
Soraya Sáenz de Santamaría y Carme Chacón, ¿ejemplos a seguir?
Teniendo en cuenta todos estos datos, hablar de desigualdad estaría justificado. La lucha de la mujer aún no ha acabado. Por este motivo, quizás el debate abierto en torno a la inmediata incorporación de Soraya Saénz de Santamaría al trabajo (11 días después de haber dado a luz) no sea en balde. No es la primera mujer con un cargo público que lo hace, y muy probablemente tampoco sea la última. En España acabamos de celebrar unas elecciones generales. Durante los 15 días de campaña, los dos partidos mayoritarios han hecho mención en varias ocasiones a la conciliación familiar, sin embargo, en ambos bandos existen ejemplos de mujeres que han tenido que rechazar el ejercicio pleno de un derecho en pro de su responsabilidad. La primera fue Carme Chacón, quien sólo disfrutó de 42 días de baja maternal, el resto se la cedió a su marido. Y la segunda ha sido la número dos del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien únicamente ha estado en casa con su hijo durante 11 días. Quizás la diferencia entre ambos casos radique en el ámbito legal. La ley establece que las seis semanas inmediatamente posteriores al parto sean disfrutadas obligatoriamente por la madre, las 10 restantes las podría compartir con su marido.
No obstante, y dejando aparte la legalidad de este tipo de decisiones, nuestras inquietudes son otras. ¿Esta decisión podría perjudicar a otras mujeres en sus trabajos?, ¿constituye un retroceso en la lucha por la igualdad laboral de la mujer? O ¿simplemente se trata de una elección libre del ejercicio de un derecho? Estas son algunas de las preguntas que desde Estrella Digital hemos planteado a varias mujeres sobre este asunto.
Tal y como nos comentaba Anabel Garrido, investigadora del ICEI y experta en temas relacionados con las mujeres, muchas feministas se plantean cómo determinadas “decisiones” individuales pueden ir en detrimento de las luchas colectivas de las mujeres. Según nos explicaba esta joven investigadora, el concepto “decisión” debe de ir entrecomillado, ya que hay que entender el contexto y realizar un análisis de la situación para poder observar hasta qué punto son decisiones personales o condicionadas por determinados contextos que llevan a ello.
Aplicando esta reflexión al caso concreto de Soraya Sáenz de Santamaría, Garrido cree que sin dejar de ser una decisión individual y probablemente libre, la opción de la diputada sí condiciona colectivamente a todas las mujeres. “La importancia de la imagen pública es básica en este debate. Cuando una mujer rechaza un derecho que tiene libertad para ejercerlo, puede generar un efecto en cadena de rechazo de derechos sobre las bajas maternales de otras mujeres que no tienen la libertad necesaria para tomar la opción”, alerta Anabel Garrido.
Por su parte, Mª Isabel Rodrigo, gerente de L’Eixam Edicions, piensa que la decisión de la ‘popular’ “no tiene porqué perjudicar a ninguna otra mujer en su trabajo”. Esta empresaria es de las que cree que la decisión de Soraya se debe a una coyuntura extraordinaria por la victoria del PP, porque “si hubiera sido en otras circunstancias, seguro que se hubiera acogido a la ley”. Mª Isabel explica que si lo ha hecho por esta razón, no lo ve mal. Sin embargo, aclara que “si con esta decisión quiere demostrar a las mujeres que la ley puede ser reformada y recortar algunos derechos ya establecidos, como lo están haciendo en otros ámbitos, me parecería que este gesto está hecho con muy mala fe”.
Para Isabel Rodríguez, diputada electa por la agrupación política socialista, la decisión de Sáenz de Santamaría es sin duda “libre y personal”. La socialista cree que siempre debe de prevalecer la libertad de la mujer y que en “ningún caso” la decisión de la número dos del PP debe de afectar a otras mujeres. Por este motivo, cree conveniente alertar sobre el hecho de que esta decisión -que ha sido tomada libremente-, “nunca puede constituir una excusa para retroceder en los derechos conquistados por las mujeres en el ámbito laboral”.
No obstante, Rodríguez va más allá del debate creado en torno a la decisión de la diputada ‘popular’ y cree que algo falla en nuestra sociedad cuando “sólo nos cuestionamos este tipo de asuntos cuando afecta a la mujer y, sin embargo, nunca surge la polémica cuando es el hombre el que acude a trabajar pocas horas después de haber sido padre”. Para la socialista, este tipo de debates ponen al descubierto que aún no hemos alcanzado la igualdad plena.
Una triste situación que nos lleva a la prensa a recoger noticias como la que hace unos días nos llegaba desde Cataluña: “Mujeres de baja por maternidad y embarazadas, en la lista de despidos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)”. Y es que resulta que la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, que depende de la Generalitat, ha aprobado despedir a 42 trabajadores y no ha respetado a los colectivos protegidos como embarazadas, mujeres de baja por maternidad o personas en régimen de reducción de jornada para cuidar de sus hijos menores de un año.
Insistimos, ¿simple coincidencia o cruel discriminación?
Elsa Sardina Vejo