“El modelo educativo implantado en la Comunidad de Madrid no nos gusta. Creemos que no beneficia a la enseñanza pública y que está apoyando a centros concertados de corte ultrarreligioso, como los del movimiento Comunión y Liberación”. Quien así de rotundo se expresa es un portavoz del Ministerio de Educación contactado por este diario. El origen del malestar se encuentra en las declaraciones realizadas el pasado mes de agosto en Rimini por la consejera madrileña, Lucía Figar, respecto al objetivo educativo que se ha fijado el Gobierno de Esperanza Aguirre.
En aquel acto, tras denunciar “la intromisión excesiva” del Estado en la política de enseñanza autonómica, Figar aseguraba que más de dos tercios de los centros financiados por el ejecutivo regional ofrecen educación católica y se jactaba sin ambages de que la corriente Comunión y Liberación, un grupo originalmente fundado para formar élites procedentes de clases sociales asentadas, “gestiona dos, que obviamente pueden ser más en el futuro”. Esta intervención mereció una encendida ovación por parte de los asistentes a la charla, que pronunció en inglés. Además, la Consejería de Educación tiene firmados varios conciertos más con colegios administrados por el Opus Dei y Legionarios de Cristo. El Ministerio de Educación prefirió no pronunciarse respecto a las intenciones de la consejera conservadora pero fuentes ministeriales indicaron que aquellas palabras “cayeron como un jarro de agua fría”.
Desde el Ejecutivo autonómico indican que el modelo educativo de Madrid se ajusta escrupulosamente al marco de sus competencias y da respuesta a “la demanda creciente de una educación concertada católica”. Para los responsables madrileños, el malestar de la Administración central es resultado “de un sistema que no comparten”. De hecho, la propia consejera criticó con dureza en aquella conferencia el marco educativo español porque, en su opinión, “frena el pluralismo, la autonomía de los centros escolásticos y la capacidad de elección de las familias”. Aun más. Según Figar, el modelo implantado de la Comunidad de Madrid ha conseguido mejorar las perspectivas de fracaso escolar de los últimos seis años hasta colocarlo al mismo nivel de los países más exitosos de Europa. En su opinión, una de las claves del éxito radica en el “cualificado servicio que ofertan los centros religiosos” financiados con recursos públicos y que ya suponen en la región “dos tercios del total de colegios concertados (386 centros que escolarizan cada año a niños de casi 300.000 familias madrileñas)”.
Los sindicatos UGT y CC OO, así como los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, han calificado en numerosas ocasiones de “negocio encubierto” la política de cesión “casi gratuita” de suelo público para la construcción y gestión de centros educativos concertados a empresas privadas. La Consejería ha desmentido esta practica con rotundidad, “porque son los ayuntamientos los que ceden terreno para la construcción de centros concertados y públicos, al ser ellos los propietarios del terreno”. Sin embargo, Lucía Figar desveló durante la conferencia organizada por Comunión y Liberación el pasado mes de agosto en Rimini que su Consejería ha logrado paliar los efectos sobre la enseñanza de la falta de suelo edificable “ofreciendo estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada”. Según datos facilitados por la propia consejera, “en los últimos seis años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo”.
Fuentes de la Consejería de Educación consideran que estas críticas atacan directamente a un modelo de educación “puesto en marcha por Felipe González en 1995 y potenciado en 2006 por José Luis Rodríguez Zapatero tras la aprobación de la LOE”. Esta ley, que regula la educación no universitaria en España, salió adelante con los votos negativos del PP en las dos cámaras representativas. Dos de los motivos fundamentales alegados por los populares para oponerse al texto fueron “la falta de garantías para elegir un centro con arreglo a las convicciones religiosas y morales de la familia” y la ausencia de alternativas para combatir el fracaso escolar. Durante el áspero debate que precedió a la aprobación de la LOE, ell portavoz popular en el Senado, Adolfo Abejón, advirtió que la ley dificulta la superación intelectual del alumnado y avisó que la próxima generación de jóvenes será “la generación del desconocimiento».
Y para la responsable educativa de Madrid, los colegios religiosos realizan una función “ejemplar” para evitar esta deriva. “No se puede explicar la educación en España, ni mucho menos en Madrid, sin el papel que ha jugado la escuela católica”, indicó Figar. El movimiento Comunión y Liberación, que gracias a los fondos públicos gestiona dos centros en la Comunidad, es considerado por los sectores laicos como “una factoría de formación de élites muy conservadoras y de ideología ultrarreligiosa”. Similar al Opus Dei y Legionarios de Cristo. Estos convenios concertados que practica el ejecutivo regional tampoco entusiasman al Gobierno español, que considera a estos movimientos “demasiado extremistas para educar correctamente valores como la igualdad y la integración”.
Pese a todo, el Ejecutivo madrileño subraya que en 2010 destinó un 57,40% de su presupuesto educativo a la enseñanza pública y un 17,75% a la concertada. “Es decir, 2.746.545.903 de euros fueron a la centros públicos y 849.410.674 euros fueron a la concertada”, indica un portavoz de la Consejería. Con estos datos, la pública absorbe más del triple del presupuesto autonómico en Educación que la concertada “pese a tener sólo un tercio más de alumnos matriculados”, concluye el representante del Gobierno regional.