La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que esta tasa sólo puede cobrarse a los usuarios particulares y no a las empresas o la Administración, ha obligado al Gobierno a replantearse el canon digital. Aún no está claro qué modelo se utilizará, pero el debate se ha acelerado en los últimos días, con varias reuniones a raíz de la inminente aprobación de la llamada ‘Ley Sinde’. Todavía no hay una decisión tomada, pero hay incluso voces en el Gobierno que abogan por suprimir el canon digital.
Desde Moncloa, los partidarios de acabar con el canon argumentan que se trataba de una medida provisional que no ha cumplido con su objetivo: facilitar a los autores la reconversión que supone Internet. Según su opinión, refrendada por la reciente sentencia, el canon es injusto, indiscriminado y además contraproducente, ya que muchos internautas lo han interpretado como una justificación para descargar gratis música y películas de la Red.
Desde la SGAE y demás entidades de gestión de derechos de autor –nada partidarios de estas tesis– están presionando al Gobierno no sólo para que el canon continúe casi como está, sino también para que mantenga el mismo nivel de recaudación que hasta ahora (el año pasado fueron 100,2 millones de euros), elevando las tarifas a los usuarios particulares para que así se compense lo que dejen de pagar las empresas y la Administración, como consecuencia de la sentencia eruropea. Desde el Gobierno, sin embargo, dicen no estar dispuestos a aceptar ese planteamiento, que consideran abusivo.
Entre las opciones de reforma del canon, el Gobierno mira a dos países nórdicos: Noruega y Finlandia. El modelo noruego consiste en que la compensación por copia privada se pague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en vez de gravando con una tasa los soportes, los CD-R, los discos duros, los teléfonos móviles o las memorias USB. Esta solución es difícil que prospere, debido a la política de contención del déficit y a la oposición del Ministerio de Economía, que no está por la labor.
Otra de las alternativas es el modelo finlandés: mantener el canon, pero modificar su control y recaudación para que esté en manos del Estado, en lugar de las entidades de gestión, casi como si fuese un impuesto más. De esta forma, según los defensores de esta opción, el canon estaría sometido a una mayor transparencia que ahora. Con el modelo actual, no sabemos cómo el dinero recaudado se reparte después a los autores a través de la SGAE y demás entidades de gestión.
De esa supervisión podría encargarse la futura Comisión de la Propiedad Intelectual, que nacerá tras la aprobación de la llamada ‘Ley Sinde’. Según algunas de las propuestas que estudia el Gobierno, y que podrían quedar fijadas en el reglamento posterior que desarrollará la ley, esta Comisión se ocuparía también de la supervisión y el control de las cuentas de las entidades de gestión. Su función sería similar a la que hoy ejerce la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con los operadores o los proveedores de acceso a Internet. De una manera de otra, todos los implicados en estas reformas –incluso el Ministerio de Cultura– están de acuerdo en que hay que mejorar el control y la transparencia de la entidades de gestión.
Otra tercera opción, que también está sobre la mesa, es que los proveedores de acceso a Internet carguen con parte de la factura del canon –que probablemente repercutiría en el precio del ADSL–, una posibilidad que cuenta con muchos apoyos, pero que el Ministerio de Industria no está dispuesto a aceptar.
También está en el debate la que probablemente es otra de las mayores contradicciones del canon: que se pague por una copia privada que después no se puede efectuar. Esto sucede especialmente en el caso de los DVD, que vienen protegidos contra la copia por lo que no se puede ejercer el derecho a copia privada –por el que se paga el canon–, a pesar de lo mucho que estos soportes se pueden deteriorar con el uso. Entre las posibilidades que se están estudiando también está la de obligar a los distribuidores a eliminar estas protecciones anticopia, aunque es una opción compleja de implementar.
En cuando a la fórmula legal para abordar la reforma del canon, existen dos opciones. La más probable: un decreto ley. Sin embargo, también hay voces tanto en el PSOE como en el Gobierno que defienden abordar este asunto dentro de una reforma completa de todos los asuntos que afectan a Internet y la propiedad intelectual –incluido el espinoso tema de la neutralidad de la Red–, en lugar de poner un parche tras otro, como se ha hecho en los últimos años tras los cambios que ha provocado la Red.
En el Gobierno preocupa el desgaste de imagen que implica entre amplios sectores de internautas la aprobación, este martes, por la vía rápida, de la llamada ‘Ley Sinde’: ese apartado de la ley de la Economía Sostenible (LES) que acelerará los trámites para cerrar páginas web supuestamente piratas.
La última redacción de la LES matiza uno de los aspectos más criticados: que sea una comisión, y no un juez, quien decida cerrar una web. La última versión de la polémica ley, que ya está en manos de los grupos parlamentarios, dice textualmente: “La ejecución de estos actos, en cuanto pueden afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa». Será la Comisión quien abra el expediente pero después el juez decidirá el cierre, aunque será a través de un procedimiento urgente, “en el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión”. En esos cuatro días, según la última versión de la ley, “el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá mediante auto”.