En la Coalición de Creadores de Industrias y Contenidos están contentos. Las webs de descargas han cerrado para protestar por la inminente aprobación en comisión de la ley Sinde, la Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible. Doce horas de ahorro en las siempre hinchadas pérdidas de la industria del entretenimiento. Quienes no ahorran son ciudadanos y políticos, enfangados por una medida que no satisface a nadie. Es difícil entender por qué se aprueba con urgencia una ley lesiva para las libertades y que no garantizará ni el viejo negocio de la música o el cine. Pero Cultura había prometido que la ley estaría lista a fin de año a la industria y al amigo americano que tanto ha presionado para proteger el gran negocio de sus multinacionales, el oligopolio del entretenimiento audiovisual.
Los cambios en el consumo y la tecnología no cambian con leyes punitivas. A pesar de las enmiendas y las reformas aceptadas, el Ministerio de Cultura ejercerá de policía de internet sin suficientes garantías de los derechos fundamentales ni de eficacia contra el negocio de las descargas. La tutela judicial de urgencia por lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la confusa tipificación de las infracciones y la falta de freno contra denuncias injustas despiertan recelos.
Cultura promete que la Comisión de la Propiedad Intelectual será técnica, sin presencia de partes interesadas como la SGAE o la propia Coalición. También que sólo se perseguirá a quienes se lucren indebidamente con lo que es de otros. Pero en las leyes no basta la buena voluntad, la letra debe ser inequívoca.
Los partidos están de acuerdo en proteger los derechos de autor. Unos reclaman más garantías para las libertades y otros insisten en repensar la propiedad intelectual en la era digital, el meollo de la cuestión. Cultura, el Parlamento Europeo que ha aprobado el Informe Gallo o el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Piratería (ACTA), y la propia Comisión Europea repiten su intención de dictar medidas equilibradas, no perseguir a los usuarios y promover nuevos modelos de negocio. Pero se pliegan a los defensores de un viejo mercado de hiperconsumo contra el que sus clientes se rebelan y a quienes quieren convertir internet en un mercado de pago por cualquier contenido y servicio.
Cultura libre no es cultura gratis. Pero sorprende cómo en las nuevas plataformas y negocios digitales disminuyen los derechos de los ciudadanos, tanto por las restricciones de uso de las obras adquiridas como por la disminución del dominio público, los intentos de acabar con el derecho de copia privada y la imposición de un canon digital injusto, no sólo para las empresas.
La persecución contra quienes se lucran con contenidos de otros sería más inteligible si Cultura luchara por extender el dominio público, por ganar acceso y uso para todos a las obras financiadas con dinero público, si subvenciones y premios garantizaran el disfrute por los ciudadanos de esas creaciones. No deja de sorprender cómo un gobierno socialista defiende más el negocio privado de unos pocos que la cultura de todos.
La ley Sinde ha ampliado la brecha entre la industria del entretenimiento y sus clientes. Y la ha abierto más entre ciudadanos y políticos. Nadie saldrá incólume de una disputa evitable con ideas claras, más coraje político y una jerarquía de valores sobre qué proteger: primero la cultura, y más la de todos. La disputa entre la industria y sus clientes es una crisis de mercado que ninguna persecución solucionará. El camino no es subvencionar portales para comercializar contenidos privados, sino ampliar el conocimiento y distribución de las obras de cultura libre o pública y garantizar su acceso por los ciudadanos. La cultura –también la ciencia y la investigación- como servicio público para la sociedad del conocimiento y una nueva economía sostenible y participativa.
Juan Varela