La nueva legislación electoral aprobada por el régimen militar establece que ningún condenado puede participar en política, lo que descalifica a Suu Kyi para aspirar a un escaño y para militar en el partido del que es cofundadora. Además de Suu Kyi, Birmania tiene cerca de 2.200 presos políticos que no podrán estar en las elecciones, como pide la comunidad internacional con la ONU, Estados Unidos y la Unió Europea al frente.
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Birmania (Myanmar) desestimo hoy un procedimiento interpuesto por la LND y que cuestionaba la legalidad de la nueva ley electoral. Suu Kyi había establecido varias condiciones para participar en los comicios que se celebrarán este año en una fecha aún por anunciarse y que empezaban por reformar la Constitución y excarcelar a todos los presos políticos.
La Constitución de 2008, aprobada con el boicot de la oposición democrática y las minorías étnicas, reserva a los militares un 25 por ciento de los escaños del Parlamento bicameral y prohíbe a Suu Kyi acceder a la jefatura del Estado, por su matrimonio con el profesor británico Michael Aris, fallecido por un cáncer en 1999.
Birmania está gobernada por una dictadura militar desde 1962 y no celebra elecciones parlamentarias desde 1990, cuando ganó con el 82 por ciento de los votos Suu Kyi y la LND, aunque la Junta Militar no acató el resultado.