La Fiscalía «no se apartará ni un milímetro de la vocación de hacer justicia», han asegurado las fuentes consultadas, que añaden que el Ministerio Público no tiene ninguna intención de alcanzar un acuerdo que pueda facilitar la expulsión de los supuestos piratas en aplicación de la Ley de Extranjería, tal y como ha reclamado la defensa de «Abdu Willy».
Para el Ministerio Fiscal, «no hay causa legal» para aplicar la Ley de Extranjería, han añadido las mismas fuentes. La Fiscalía acusa a los detenidos de 36 delitos de detención ilegal -castigado con penas de 6 a 10 años de cárcel- y de uno de robo con violencia y uso de armas -que se castiga con penas de entre tres años y medio y cinco de cárcel-, lo que hará que su petición se eleve a más de 200 años de prisión.
En concreto, la mínima pena que podría reclamar la Fiscalía sería de 219 años y medio de cárcel y la máxima de 365 años de prisión, y, según han indicado las fuentes, la intención del Ministerio Público es solicitar penas altas con las pruebas que constan en la causa. Según el auto de procesamiento de Pedraz, los informes de la Comisaría General de Información y del Estado Mayor de la Defensa determinan que los detenidos abandonaron el «Alakrana» un día después del secuestro -el 3 de octubre- y que entre el material que les incautaron había 2.500 dólares americanos, seis móviles de la tripulación y efectos del barco, como una navaja de Albacete.
El abogado de «Abdu Willy», Francisco Javier Díaz Aparicio, pretende que a los detenidos se les aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión-, ya que entiende que debe valorarse cada delito individualmente y no de forma global. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que eso supondría un «fraude legal» pues, han explicado, si los supuestos piratas son condenados a más de 200 años de cárcel, no tendría sentido que se tuviera en cuenta la pena individual de uno de los delitos.
De esta forma, según otras fuentes jurídicas, las posibilidades que habría para que los detenidos regresaran a Somalia, tal y como reclaman los secuestradores del «Alakrana», pasarían por que el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, concedería un indulto o se alcanzara algún acuerdo con el país africano para que cumplieran allí la condena que les imponga la Audiencia Nacional.
El juez Pedraz ha procesado este lunes a los dos supuestos piratas, quienes podrían ser juzgados en dos semanas, por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, aunque no los acusa de asociación ilícita-.