El plazo concedido por el Juzgado no es para que los padres entreguen al hijo, sino para que presenten documentación que acredite que no son responsables de un delito de ocultación y de desobediencia administrativa.
La Fiscalía de Ourense interpuso la semana pasada una querella criminal contra los padres del niño, después de que la Xunta dictase una resolución para reclamar la custodia.
Los padres reiteraron su rechazo a la posibilidad de entregar al niño, pese al requerimiento de la Xunta, que pretende internarlo en un centro de menores, ya que «entienden que se le puede causar daño al menor- con el ingreso en un centro, abandonando su entorno familiar y comunitario», según dijo el abogado de la familia.
La Xunta interpuso una petición de custodia del menor después de que un informe médico en agosto pasado -cuando fue atendido en un centro médico- alertara de insuficiencia respiratoria grave como consecuencia de su estado, ya que llegó a alcanzar un peso de 81,5 kilogramos, aunque según los familiares pesa ahora 70 kilogramos.
En caso de no facilitar detalles sobre el paradero del niño, los padres podrían ser condenados hasta a dos años de prisión por un delito de sustracción de menores y desobediencia administrativa.