Según explicó, la pérdida de dichos fondos requeriría durante los próximos cuatro años un importe mínimo para obras públicas de 22.000 millones por parte del Gobierno central y una cantidad similar por parte de las Comunidades Autónomas, una inversión en la que las constructoras están dispuestas a implicarse arriesgando su capital.
En este sentido, la CNC está ultimando un documento que tiene previsto presentar al Gobierno próximamente con sus propuestas para poner en marcha dicha inversión a través de la colaboración público-privada para desarrollar proyectos que ya están aprobados pero que no salen adelante por falta de financiación.
Para proyectos con carácter inmediato, la patronal aboga por el adelanto de anualidades en el caso de contratos que ya están en marcha y por el «método alemán» o de pago aplazado para nuevos contratos, de tal forma que las constructoras adelantarían el dinero para la ejecución de la obra que después cobrarían a plazos de la administración.
Para las licitaciones que se realicen en el 2010 y el 2011, la CNC apuesta por el método del peaje en sombra, por el que la empresa adjudicataria paga la construcción de la infraestructura, mientras la administración desembolsa una cantidad por su uso.
Lazcano defiende la recuperación de la figura del crédito participativo, por la que el Estado financia a bajo interés a la empresa que va a realizar la obra, lo que cuenta con la ventaja de que no computa como déficit público, ya que es un dinero que se devuelve.
En cuanto a la necesidad de cambiar el modelo productivo, dejando de la lado la construcción, el presidente de la CNC recordó que «se está despreciando el impacto que la construcción tiene en muchos sectores, creando una demanda agregada del 5,5% del PIB».
Lazcano valoró el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEV+R), pero explicó que necesita medidas fiscales de acompañamiento que favorezcan a promotores, como el IVA reducido para la rehabilitación y para el alquiler con opción a compra.
El PEVR apuesta de forma decidida por la vivienda protegida, que «puede encontrarse con dificultades financieras» a la hora de la subrogación de los compradores a la hipoteca del promotor, porque las entidades conocen las condiciones económicas de este tipo de demandantes.
Asimismo abogó por la compra del stock de vivienda libre por parte de las administraciones para hacer un parque público en alquiler, iniciativa que ha sido rechazada en varias ocasiones por parte del Gobierno, según Lazcano porque «esta propuesta no se entendió bien» y habría servido para dar salida a la vivienda libre.