España ha formulado su apuesta por el coche eléctrico, con un proyecto fijado en el millón de unidades para el 2014 y como imán para preservar la presencia de fabricantes en el suelo patrio.
Pero si un término ha definido al automóvil en este ejercicio ha sido el de crisis, sobre todo en la segunda mitad, cuando los mercados más poderosos empezaron a reflejar, mes a mes, caídas de ventas con todas las hechuras de un desplome. En España, desde junio hasta noviembre, se acumuló una reducción de matriculaciones en torno al 36% con respecto al mismo periodo del 2007.
La evolución negativa de este mercado ha ido acelerándose hasta llegar a noviembre, con una caída del 49,6%, la más intensa en términos mensuales del año y la segunda más alta de la historia. Y queda por delante diciembre, que cerrará ejercicio, al que las predicciones realistas le ponen caídas de ventas por encima del 50%, ya que parte de una comparativa como diciembre del 2007, un mes especialmente intenso en matriculaciones para prevenirse de los efectos de la reforma del Impuesto de Matriculación que entró en vigor el 1 de enero.
Dicha reforma marcó el tono del inicio de este 2008 hasta el mes de mayo con ventas en bajadas moderadas y con algún leve repunte estacional. Durante dicho periodo los coches pequeños animaron el mercado los coches pequeños, los mas beneficiados por el cambio impositivo, pero en los segmentos de coches grandes, todoterrenos y de lujo se vislumbraba un comportamiento que superaba al impacto de los nuevos impuestos como único argumento. Empezaba a asomarse la crisis de mercado siguiendo el paso de la debacle inmobiliaria-
Las asociaciones sectoriales, que jugaron la baza de la moderación al principio del año, apostaron por una caída de las matriculaciones para 2008 del 2%.
Sin embargo, en mayo se superó la tasa con lo que la predicción se elevó al 9%. Antes del verano ya era el 20% y en el temido septiembre la secuencia culminó en el 25%. A falta de este diciembre, con un 26% de caída consolidada, se ajusta al 28% el descenso de matriculaciones, el más alto de la historia en términos interanuales.
Una secuencia parecida en el tiempo ha seguido la producción de coches, en un país que es el octavo o noveno fabricante automovilístico del mundo y que puede sortear las crisis internas, gracias a que el 80% de la producción se exporta.
Este dato ha retardado el efecto de la crisis en este sector, que vio encenderse las luces rojas en septiembre, cuando los mercados alemán, francés, italiano y británico, adonde se dirige el 60% de las exportaciones españolas, empezaban a renquear.
Las reducciones de las cadencias productivas provocaron como efecto inmediato un aluvión de expedientes de regulación de empleo que afectaron a unos 30.000 trabajadores de este apartado industrial y con especial virulencia al fabricante Nissan que optó por medidas de extinción para 1.680 de sus empleados, aunque luego se suavizaran con una media temporal para 3.500 trabajadores.
La fiebre reguladora se extendió a la industria de componentes, una actividad que desde unos años antes, ya anunciaba y ejecutaba deslocalizaciones y fugas hacia países emergentes y cuyo ejemplo más palmario ha sido el de Delphi, en la bahía de Cádiz, dejando en el paro a casi 5.000 trabajadores.
Otros eslabones del sector automovilístico no han podido eludir los perniciosos efectos de la crisis. Los concesionarios se ven amenazados con cierres que pueden poner en peligro entre 15.000 y 20.000 empleos.
El sector ha pedido ayuda al Gobierno y éste ha tomado conciencia del impacto de una crisis en la segunda industria española. Ha recibido ayudas por importe de 800 millones de euros, condicionadas a que no haya despidos en las fábricas.
Antes, puso en marcha un plan de estímulo a la demanda, el VIVE, que se quedó muy corto por los mecanismos y condiciones de las ayudas, aparte de por centrar sus beneficios en segmentos muy pequeños.
La reforma, operada a los cien días de entrar en vigor la primera iniciativa está pendiente de sus primeros resultados, pero el sector insiste en que mantiene el pecado original de no arbitrar ayudas directas y persistir en líneas de financiación que, aunque blandas, se encuentran con el obstáculo de que el sistema financiero se ha vuelto muy restrictivo en los préstamos al consumo.