En el informe se señala que «el artículo 61 se modificó precisamente para facilitar la disolución de los ayuntamientos que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
Subraya el PP que los ayuntamientos gobernados por ANV han llevado a cabo de manera reiterada actuaciones «extremadamente graves que han supuesto un apoyo expreso o tácito al terrorismo y una humillación a las víctimas», por lo que su disolución es «legal».
En los consistorios gobernados por ANV, la respuesta a los últimos atentados de la banda terrorista ETA «siempre es el silencio y la negativa reiterada de sus alcaldes a condenar esta barbarie», lo que les hace cómplices ante los demás de esas acciones criminales», agrega el PP.
Para los populares, ese comportamiento, concertado y sistemático cada vez que se produce un atentado, justifica la disolución de los ayuntamientos controlados por ANV, formación que además ha sido ilegalizada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre del 2008.
El informe añade que difícilmente se puede entender que la modificación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local haya servido al Gobierno para disolver un Ayuntamiento como el de Marbella debido al impacto del escándalo producido por la conducta de su alcalde y todos sus concejales y no sea capaz de iniciar el procedimiento de disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, alegando falta de cobertura legal.
En las mociones que el PP defenderá en los plenos de las corporaciones municipales, se exige al Gobierno de la nación que abra cuanto antes el procedimiento de disolución de los ayuntamientos dirigidos por ANV por considerar que tiene «suficiente amparo legal, hay precedentes y sólo es una cuestión de voluntad política».
En el texto, también se insta al Ejecutivo a vetar el destino del dinero del Fondo Estatal de Inversión Local que beneficiaría a los ayuntamientos presididos por ANV y, en su lugar, repartirlo a las diputaciones forales respectivas, para que no se vean perjudicados los vecinos de esos municipios.