El Consejo de Ministros que se desarrollará hoy podría tener como punto del día la reforma de la tarifa regulada de electricidad, también conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Casi siete meses después de lo acordado con Europa, se da el paso para cumplir con todos los requisitos establecidos por la Comisión Europea para aprobar la excepción ibérica.
La idea era que la nueva tarifa regulada estuviera lista para comenzar a aplicarse al inicio de este año, pero el Gobierno no puso en marcha la medida porque los precios futuros de la energía estaban en niveles elevados y era previsible que se mantuvieran altos durante todo 2023.
El Ministerio de Transición Ecológica ha estado debatiendo la propuesta con las empresas del sector y, finalmente, hace 15 días, remitió petición al Consejo de Estado para que este elaborara su informe.
De forma extraoficial, parece que el informe se emitió el pasado 20 de abril, y que el Gobierno ha confirmado que la idea es aprobar la medida lo antes posible.
Una imposición de la Comisión Europea
Uno de los requisitos que estableció la Comisión Europea para aprobar la excepción ibérica en el precio del gas para España y Portugal era que se reformara el sistema de PVPC.
El mecanismo de ajuste se configura como una medida de carácter extraordinario mientras que se lleva a cabo la reforma definitiva. Pero en su momento ya se advirtió de que este cambio no iba a ser inmediato.
Las eléctricas reclaman los gastos
Tras la negociación con el Ministerio de Transición Energética, las compañías eléctricas se han mostrado satisfechas con respecto al acuerdo en la reforma del PVPC, pero quieren aprovechar el cambio para reclamar lo que les cuesta la atención al cliente.
La PVPC está destinada a consumidores que no contratan el suministro de electricidad en el mercado libre, sino que lo hacen en un mercado regulado. Las eléctricas apenas sacan beneficio de este tipo de operaciones, y esperan que los costes de atención al cliente para hacer el cambio de una tarifa a otra les sean compensados.
La ley determina que las comercializadoras de electricidad tienen derecho a ser retribuidas por los costes que les genere actuar precisamente como comercializadoras. Esto incluye costes como atención directa a los clientes, los costes de contratación y los de facturación.
Fuentes del sector confirman que las cifras que están recibiendo por estos conceptos no están actualizadas y no llegan a cubrir los costes reales, por lo que reclaman un nuevo ajuste.
Las comercializadoras denuncian que están pendientes de revisión los costes de comercialización de los períodos 2019-2021 y 2022-2024.
Con lo que no están de acuerdo las comercializadoras en la nueva regulación de la PVPC es con tener que hacerse cargo de una parte del coste del bono social aplicable a familias numerosas y hogares vulnerables.
En el mercado libre, tanto las empresas como los consumidores contribuyen a financiar el coste del bono social, y con la reforma se busca que en la tarifa regulada ocurra exactamente lo mismo.
En este sentido, las comercializadoras defienden que este coste, al tratarse de una política pública, debería estar cubierto con fondos públicos (a través de una partida de los Presupuestos Generales del Estado), igual que ocurre con el bono térmico.
Prórroga de la excepción ibérica
La reforma del PVPC forma parte de los requisitos para poder acceder a la excepción ibérica que permite regular el precio del gas y que estará en vigor hasta finales del mes de mayo.
Respecto a este tema, España ha trasladado a la Comisión Europea la posibilidad de prorrogar la medida seis meses más, hasta diciembre de 2023.
Las conversaciones entre ambas partes siguen en marcha, pero por el momento no se ha confirmado nada. Lo que sí se ha confirmado es que Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha señalado que la medida no podría extenderse más allá de 2024.