En su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Planas ha señalado que «el cumplimiento de la ley no es una opción», sino una «obligación», en alusión a la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos.
«Que los costes de producción sean la base de negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario no es algo que esté sujeto a condiciones, es una obligación legal», ha indicado.
El titular de Agricultura ha contestado así al diputado del grupo parlamentario vasco Joseba Andoni Agirretxea, quien le ha preguntado por las medidas que piensa tomar el Ministerio para mejorar la capacidad negociadora del sector primario y establecer una política de precios frente al resto de operadores de la cadena.
Planas ha asegurado que la ley de la cadena alimentaria debe cumplirse, con el esfuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, ha apuntado que seguirán trabajando durante los próximos meses para la transposición de la directiva europea en materia de prácticas comerciales desleales y lograr una «cadena alimentaria más justa y equilibrada».
Además de combatir los desequilibrios, el ministro se ha mostrado a favor de una mayor transparencia en los precios y de la protección del «eslabón más débil», aludiendo directamente a los agricultores y ganaderos.
Agirretxea ha propuesto que se inicien los trabajos en la cadena de valor de la leche -«a modo piloto»- con el fin de incorporar mecanismos para su correcto funcionamiento.
El diputado vasco ha recalcado que los problemas del campo se han agravado con la pandemia y, en ese sentido, ha afirmado que los mercados «se inundan» de productos de países terceros que no cumplen las exigencias que deben afrontar los productores locales y «los precios al consumidor siguen subiendo, mientras los precios percibidos por los agricultores siguen bajando».
Estrella Digital