Portavoces de los cuatro grandes partidos con presencia en el Parlamento han escuchado, a menos de un mes para las elecciones generales, las demandas de los fabricantes de alimentos y bebidas en el marco de una jornada organizada por la patronal del sector (FIAB), durante la que también han expuesto algunos de sus proyectos.
Desde FIAB han pedido a los partidos una política armonizada para fomentar una alimentación saludable, la unidad de mercado -evitando que algunas comunidades autónomas impongan impuestos específicos, por ejemplo-, un mayor equilibrio fiscal, apoyos a la competitividad y la innovación, así como la internacionalización.
De forma más concreta, han reclamado endurecer y dar publicidad a las sanciones por violar la Ley de la Cadena, regular como en Francia la venta a pérdidas, evitar la «alarma social injustificada» que causan las informaciones que cuestionan al sector, contar con una fiscalidad «más favorable» y reducir las trabas burocráticas.
En este sentido, la diputada del PP Carmen Quintanilla ha reconocido que precisamente la burocracia «muchas veces limita la salida al exterior de productos españoles con facilidad», y ha avanzado que su formación pretende crear una «ventanilla única centralizada» para corregir esa situación.
Desde el PSOE, Alejandro Alonso ha admitido que es necesario «hacer un esfuerzo de simplificación» y ha abogado por que exista «una sola unidad responsable de todos los trámites» vinculados con la exportación agroalimentaria, además de recordar que actualmente las competencias son compartidas entre los Ministerios de Agricultura, Industria y Sanidad, a lo que se suman las comunidades.
Del lado de Unidas Podemos, Fernando Fernández ha incidido en que la exportación -actualmente se vende fuera cerca del 30 % de todo lo que produce la industria agroalimentaria española- es «fundamental» para el desarrollo de este sector estratégico, y ha apostado por establecer normas que favorezcan un comercio internacional «más justo».
Por Ciudadanos, José María Rabade ha apoyado que haya «fondos potentes» para la internacionalización y ha instado al sector a trabajar en favor de la sostenibilidad para tener «un carácter diferenciado» frente a sus competidores en un contexto en el que el consumidor cada vez tiene más en cuenta ese tipo de compromisos.
A lo largo del debate, tanto el PP como Ciudadanos han avanzado que llevarán en su programa electoral planes estratégicos específicos para el sector agroalimentario.
Además, Podemos pretende impulsar una ley sobre el derecho humano a la alimentación y medidas fiscales para «desincentivar» el consumo de alimentos «menos saludables», y el PSOE ha advertido de que si la venta a pérdidas no se regula correctamente a nivel comunitario, «deberá ser el Parlamento español el que lo impulse».
Quintanilla (PP) ha destacado el «gran éxito» que supuso la Ley de la Cadena -un instrumento alabado por todas las formaciones-, pero también ha reconocido «fallos» en la Ley de Representatividad Agraria -que abogaba por unas elecciones en el campo que no se han producido- y el «fracaso» de la Ley de Titularidad Compartida pese a su importancia contra la despoblación.
El socialista Alejandro Alonso ha ensalzado a las empresas de la industria agroalimentaria por «no deslocalizarse» y ser una herramienta clave en fijar población en el ámbito rural, donde se vive un problema «brutal» por la marcha de «más gente que en los años 60».
Fernando Fernández (Podemos) también ha hecho referencia a esa conexión con el territorio, y José María Rabade (Ciudadanos) ha resaltado de que del éxito de esta industria depende «la supervivencia de la España rural».
Empresarios y directivos del sector también han interrogado a los políticos sobre su apuesta por la I+D, sus planes concretos sobre el uso y reciclaje de plásticos, el equilibrio de la cadena alimentaria o la negociación de la futura PAC.
CN