Creación de empleo. Luchar contra el desempleo. Los políticos españoles de cara a sus votantes no escatiman elogios a sus planes, medidas y voluntades para acabar con el principal problema para los españoles el paro. Pero la realidad siempre se muestra más tozuda y cruel que los eslóganes políticos. España dista mucho de ser un país orientado a la ayuda de los empresarios que representan el 99,88% de las empresas en España y que generan un 63% del empleo, según el Directorio Central de Empresas.
Entre las muchas quejas de las pymes españolas que recogía el Barómetro Europeo de la empresa familiar están: Una alta tributación que en algunos casos se encuentra entre las más altas de Europa. Se enfrentan a una legislación laboral muy rígida y poco flexible, con una burocracia que obliga a perder mucho tiempo y dinero a la hora de presentar todo el papeleo exigido. Además, encuestas de KPMG reflejaba que una de cada tres se quejaba de la compleja normativa fiscal. Además, las pymes españolas son las que más tarde cobran, ya sea por parte de las grandes empresas del Ibex o del Estado.
Ahogamiento por grandes empresas y Estado
El abuso de las grandes empresas y las administraciones sobre las más pequeñas sigue siendo flagrante en España. El plazo medio de las grandes empresas del Ibex a las pymes se acerca a los 170 días, mientras que las administraciones tardan de media casi 90 días, según el estudio ¿Cómo pagamos hoy en día? En ambos casos se multiplica por tres los plazos que establece la ley, 30 días para el Estado y 60 para el pago entre empresas.
Los datos alcanzan lo escandaloso en el caso de las constructoras como Ferrovial, la cual tarda en pagar más de un año y medio (536 días) mientras que exige pagos en apenas un mes (34 días). No es la única, los plazos de pago a proveedores, frente al máximo de 60 que permite la ley, ascienden en Acciona, 425; Sacyr, 337; FCC, 195; ACS, 188; y OHL, 184, según los datos ofrecidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) estudio avalado por la Universidad Pompeu Fabra. Mientras, los plazos medios de cobro se sitúan en Ferrovial en 34 días; en Acciona, 68; Sacyr, 125; FCC, 65; ACS, 87; y OHL, 68.
En palabras del propio presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “vamos a trasladar la lista con los respectivos cálculos al Gobierno, y si éste no acomete medidas reales inminentes que frenen estos plazos abusivos lo remitiremos a la Unión Europea para su conocimiento. Asimismo, hemos informado también a los grupos parlamentarios, a quienes les hemos reivindicado que incluyan en sus programas electorales el régimen sancionador, entre otras medidas de lucha contra esta lacra”.
La situación es dañina por varios motivos: En primer lugar por lo dramático que es sacar adelante una empresa pequeña sin cobrar por el trabajo realizado. Eso significa adelantar pagos por parte del empresario, ya sea impuestos o salarios. En segundo lugar, las empresas retrasan pagos porque aún no han recibido esos pagos y la situación se puede convertir en cíclica.
Alta fiscalidad
Resulta difícil que los empresarios y autónomos puedan creer a un Gobierno que insiste en subir los impuestos y las cotizaciones. El 31 de enero de 2014 los autónomos veían como tenían que pagar un 20% más por su cuota debido a una reforma del Gobierno, además la forma de llevarla a cabo fue cuanto menos discutible. Aprobada de tapadillo en plenas vacaciones de navideñas junto con una subida de facto de las cotizaciones salariales a través de grabar determinadas retribuciones como las dietas o cheques.
El economista Daniel Lacalle opinaba al respecto que “la fiscalidad está mal diseñada, cobra a emprendedores, autónomos y pymes antes siquiera de haber vendido, no ya de tener beneficios, y que penaliza el crecimiento con una falsa progresión que es regresiva y frena el incentivo a crecer”.
Lentitud legal y cómplice
Por si fueran pocos los problemas a los que cada día se enfrentan los pequeños empresarios, se les debe sumar los largos y costosos procedimiento judiciales. Dicha situación obliga a muchos a llegar a acuerdos no satisfactorios sobre el pago o incluso a reducir el importe para poder cobrarlo.
El estudio ¿Cómo pagamos hoy? Reflejaba que un 83% de las empresas evita acudir a los tribunales para reclamar las deudas. Un 60% de ellos se ve obligado a renunciar a una parte de la cantidad adeudada y un 70% reconoce que se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar en plazos superiores a los 60 días legales.
Todo ello, con mayor énfasis en las grandes empresas seguidas por Hacienda a cada paso que dan, es conocido perfectamente por los organismos españoles. Ninguno de ellos, ya sean la Oficina Económica de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda o la CNMV han actuado ante esta lacra.