La Comisión Europea presionó hace un año al Gobierno para regularizar a los jueces sustitutos
Una carta remitida en julio de 2024 exigía la estabilización de estos profesionales, justo antes de la polémica huelga judicial prevista para esta semana
El conflicto entre el Gobierno y parte de la judicatura por la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial tiene un origen claro en Bruselas. La Comisión Europea instó por carta al Ejecutivo español hace casi un año a regularizar la situación de los jueces sustitutos, al considerar que ejercen su función con los mismos derechos y deberes que los titulares y, por tanto, deben ser considerados trabajadores fijos.
La misiva, dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y fechada el 25 de julio de 2024, advertía de que la situación de interinidad generalizada en el poder judicial español contraviene la normativa europea sobre el abuso de la temporalidad. En consecuencia, Bruselas pedía al Gobierno medidas claras para estabilizar a estos profesionales y evitar así la apertura de expedientes sancionadores.
Un conflicto que llega al paro
La carta se conoce justo en la víspera del inicio de tres jornadas de huelga convocadas por cinco asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, en protesta por la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma —aprobada recientemente en el Congreso— abre la puerta a que cerca de 900 jueces sustitutos pasen a ser jueces fijos tras un proceso de estabilización.
El Consejo General del Poder Judicial ha dejado claro que la huelga carece de amparo legal, aunque el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha mostrado respeto a las acciones convocadas, al tiempo que vigilará el seguimiento del paro y descontará el salario a quienes lo secunden.
Cinco asociaciones conservadoras —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— están detrás de la convocatoria. Todas critican duramente la reforma, al considerar que “rebaja la excelencia” del sistema de acceso a la carrera judicial y abre la puerta a la politización del poder judicial. En un manifiesto difundido tras la manifestación del domingo en Madrid, denunciaron que se pretende crear dos vías de acceso: una “ardua y meritocrática”, y otra “más sencilla, controlada por intereses políticos”.
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), por su parte, ha decidido no apoyar la huelga, aunque también ha mostrado reservas respecto al modelo de estabilización planteado por el Gobierno.
Presión desde Europa
La nueva legislación responde, en parte, a las exigencias de Bruselas. De hecho, la Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra España desde 2014 por el uso abusivo de jueces sustitutos. Además de la carta enviada en julio, en octubre de 2024 envió otra advertencia, en la que reprochaba que el sistema judicial español carece de mecanismos legales para prevenir el abuso de temporalidad y no contempla sanciones en caso de que se produzca.
El Ejecutivo comunitario dio entonces un plazo de dos meses para que España realizara observaciones. Si la respuesta no resultaba satisfactoria, podría emitirse un dictamen motivado, paso previo a la apertura de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que derivaría en una sanción económica de gran calibre.
Con la aprobación de la nueva ley, el Gobierno de Pedro Sánchez espera evitar ese escenario. Sin embargo, el precio a pagar puede ser otro: un nuevo choque con una parte del poder judicial, que ve en la estabilización una amenaza directa a la independencia de la carrera.
