Sobrecarga en los juzgados de Canarias, con la crisis migratoria como telón de fondo
Canarias vuelve a situarse en lo más alto del mapa judicial español. En 2024, fue de nuevo la comunidad autónoma con mayor número de pleitos por habitante, alcanzando una ratio de 212,51 litigios por cada 1.000 ciudadanos, muy por encima de la media estatal (160,41 %) y superando con creces a Madrid, que ocupa el segundo puesto con 178,39.
Así lo refleja la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), presentada el viernes 27 de junio por su presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, en una comparecencia ante los medios junto a la Sala de Gobierno.
El documento recoge un balance detallado del funcionamiento de los órganos judiciales del archipiélago durante el último año, marcado por un crecimiento generalizado de la actividad en todas las jurisdicciones.
“El incremento sostenido de la litigiosidad ha generado una sobrecarga estructural, que afecta ya a más del 63 % de los órganos judiciales”, advirtió el presidente del TSJC, que no dudó en calificar de “ejemplar” la capacidad de respuesta de la judicatura isleña ante los retos de gestión.
Aumento récord en resoluciones y eficacia procesal
Los órganos judiciales de Canarias registraron en 2024 un total de 475.761 asuntos en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), lo que supone un 13,9 % más que en el ejercicio anterior. El número de asuntos resueltos ascendió a 440.489, un 15,8 % más que en 2023, y quedaron en trámite 248.641 litigios (un 17,7 % más).
El rendimiento por juez alcanzó la media más alta del país, con 386,8 sentencias por año. Además, el 92 % de las resoluciones fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, lo que sitúa a Canarias como la cuarta comunidad con mayor porcentaje de confirmación a nivel nacional.
Según el propio Lorenzo Bragado, el tiempo medio de resolución en primera instancia fue de 6,2 meses. Esta agilidad coloca a la región entre las más eficaces del Estado en términos procesales.
Jurisdicciones saturadas y cifras críticas, con la crisis migratoria en el foco
La jurisdicción civil tramitó 219.059 nuevos asuntos (un 16 % más que en 2023), resolvió 195.829 (un 22 % más) y cerró el año con 158.943 casos pendientes, un 18,4 % más que el año anterior. En lo penal, los juzgados recibieron 203.803 casos, resolvieron 200.809 y dejaron en trámite 49.667, con incrementos similares al resto de órdenes.
Uno de los ámbitos más castigados es el contencioso-administrativo. La crisis migratoria elevó a 19.970 los procedimientos abiertos en esta jurisdicción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un 115,3 % más que en 2023. Las resoluciones crecieron un 44,7 %, pero los asuntos pendientes también lo hicieron: 16.226 sin resolver, un 85 % más.
La carga de trabajo supera los límites del módulo de entrada en la mayoría de juzgados: civiles (252 %), mercantiles (211 %), sociales (177 %) y mixtos (166 %). El presidente alertó de que “la situación de las secciones civiles de las audiencias provinciales solo puede calificarse como crítica”, con un 274 % en Santa Cruz de Tenerife y un 328 % en Las Palmas.
El TSJC amplía contenidos y refuerza transparencia
La Memoria presentada este año es la más extensa desde que Lorenzo Bragado asumió la presidencia del TSJC, con 192 páginas. Incluye por primera vez información sobre juzgados de paz, el tribunal del jurado, la formación descentralizada del Consejo General del Poder Judicial y el Juzgado Piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
Este órgano especializado, con sede en la capital grancanaria, entra en su cuarto año de funcionamiento y se ha consolidado como un modelo a seguir, tanto en España como en sistemas judiciales internacionales. La edición mantiene el diseño moderno y didáctico iniciado hace cuatro años, con un enfoque divulgativo sobre la realidad judicial del archipiélago.
El TSJC destaca también en la Memoria su actividad institucional, la colaboración con operadores jurídicos y su apuesta por una justicia más accesible, en un contexto marcado por la elevada litigiosidad y las tensiones de carga procesal que afectan a buena parte del país.
