La Estrategia 2015 con la que el Ministerio de Educación ha establecido las bases para la implantación del Plan Bolonia en la Universidad española no sólo pone de manifiesto cómo esta quedará al servicio de los intereses de las empresas que las controlen, o que el modelo a seguir es el de las universidades estadounidenses. También ofrece un panorama sombrío sobre la investigación en distintas áreas.
Con las empresas como canal principal de obtención de fondos, queda por ver qué ocurrirá con trabajos sobre asuntos de escasa rentabilidad a corto plazo. Incluso áreas completas, como las vinculadas a las Humanidades, pueden ver reducidas a la nada sus fuentes de ingresos, o quedar, en el mejor de los casos, relegadas a las universidades que queden en una Segunda División académica, que servirían de refugio para carreras minoritarias y para alumnos sin recursos.
En el documento ‘Gobernanza y rendición de cuentas’, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), se realiza la siguiente recomendación sobre el nuevo estatus que deberían tener los profesores: “Conviene liberalizar en la medida de lo posible su contratación, tanto en la selección como en la retribución”. Esto puede resultar positivo, puesto que motivaría a que el profesorado se esfuerce más a la hora de impartir sus clases y de llevar a cabo sus investigaciones. Así lo cree un profesor de la Universidad de Complutense de Madrid que prefiere no revelar su nombre. “No me parece del todo mal. Es bueno que se valore el trabajo del profesor, que no pueda dormirse”, reflexiona. Además, considera que, de implantarse este método de selección, permitiría “fichar a profesores de prestigio que vayan a formar a alumnos durante un tiempo, por ejemplo a un Nobel”. Lo que redundaría en un mayor prestigio de los centros con recursos suficientes para atraer a estos profesores top.
El problema está en la implantación práctica de esta teoría. En el documento de Mejora y Seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades, del citado organismo dependiente del Ministerio de Educación, se establece que “el reconocimiento de resultados de las Universidades en su actividad de I+D+i debe considerarse como una vía más para financiar la investigación, en función del esfuerzo y de los resultados de excelencia de sus profesores/investigadores y de la incidencia que esta actividad tiene sobre el reconocimiento internacional de la institución”. Asimismo, se prevé que “estas evaluaciones se utilizarían como base fundamental para la obtención de financiación pública”. Es decir, que la investigación que genere fondos privados y dé prestigio será la que acabe dotando de ingresos procedentes del Estado a la universidad de turno.
En esta situación, la tendencia indica que pocas universidades lograrían este estatus de excelencia, mientras que las más acabarían como centros para estudiar las carreras con menos atractivo para las empresas: aquellas cuyas líneas de trabajo no proporcionan rendimiento económico a corto plazo, o este es de menor cuantía. El profesor de la Complutense considera, en este sentido, que “no es bueno que se vayan a fichar profesores a golpe de talonario. Aunque es algo que ya hay en la actualidad, universidades de primera y de segunda. Es como en el fútbol”. Y como en el fútbol, es previsible un futuro en el que los Barça y Madrid académicos acaben acaparando a los Cristianos y Messis del profesorado, ampliando la brecha que condene a la mayoría de centros a la supervivencia al límite, si no a la desaparición.
Otro problema añadido sería el de qué se investiga y qué no. Si la financiación queda en manos privadas exclusivamente, “sólo se investigará sobre lo que mueva dinero. Habría investigaciones que se quedarían sin fondos por falta de rentabilidad, y sólo se financiaría lo que dé beneficios inmediatos”, advierte el profesor. Eso implicaría que numerosos proyectos para, por ejemplo, curar enfermedades de poca incidencia porcentual en la población caerían en el olvido por falta de medios. Asimismo, aquellas investigaciones que miran a largo plazo pueden comenzar a ver aun más lejano el día en que se extraigan conclusiones que faciliten la vida a la sociedad en general.
La misma fuente añade que si las empresas controlan en exclusiva la investigación, los investigadores serán “mano de obra barata” y fácil de despedir. Su futuro, entonces, depende de que se dediquen a asuntos que atraigan la atención de las compañías. Y en el pasado reciente hay ejemplos de cómo se han llevado a cabo informes de calificación de riesgos de productos financieros por parte de docentes al servicio de bancos y entidades, como en el caso de las agencias de rating, involucradas en la crisis económica internacional. O de cómo científicos validan con su firma de expertos la existencia de enfermedades como la osteoporosis, la hipertensión, el colesterol, la timidez (convertida en fobia social) o la hiperactividad infantil, hasta entonces considerados factores de riesgo o síntomas de otras dolencias, o ni siquiera. Y que ahora reportan suculentos beneficios a los laboratorios que fabrican las medicinas que alivian (nunca curan), si se consumen el resto de la vida, estas enfermedades, cuya investigación y posterior descubrimiento ellos mismos financiaron.