sábado, mayo 4, 2024
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La Fiscalía pide 74 años para el etarra Bilbao por atentar contra la Guardia Civil

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La Fiscalía ha solicitado 74  años de cárcel para el etarra Ignacio Bilbao, Iñaki de Lemona, acusado de participar el 2 de febrero de 1983 en un atentado con lanzagranadas y ametralladoras contra guardias civiles del cuartel de Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), en el que un agente falleció y dos resultaron heridos.

En sus conclusiones provisionales el Ministerio Público estima que Ignacio Bilbao Beascoechea, ya condenado en otras causas de la banda terrorista, cometió un delito de atentado con resultado de muerte y dos de asesinato frustrado, por los que será juzgado a partir de este lunes en la Audiencia Nacional.

Por estos hechos ya fueron condenados Pedro José Picabea Ugalde y Juan Lorenzo Lasa Michelena.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que el procesado y los otros integrantes del comando recibieron información recabada por otro etarra sobre movimientos de vehículos del cuartel de la Guardia Civil de Villafranca de Ordicia y los puntos donde sería factible realizar un ataque con lanzagranadas,

Añade que el 2 de febrero de 1983 los miembros del comando terrorista se reunieron en la localidad guipuzcoana de Zaldivia provistos de ametralladoras y dos lanzagranadas y se dirigieron en dos vehículos a las proximidades cuartel para atacar a los coches patrullas que salían del mismo.

El Ministerio Fiscal relata que estacionaron los vehículos y se escondieron en una zona boscosa desde donde veían el un cruce de la carretera nacional I, formando dos grupos que se situaron en puntos diferentes.

Cuando observaron que dos vehículos de la Guardia Civil llegaban a la intersección de carreteras dispararon dos granadas y ametrallaron a los agentes, quienes trataron de repeler la agresión con sus armas reglamentarias, agrega.

En el lugar de los hechos se recogieron 27 casquillos de bala y restos de granadas.

A consecuencia del atentado murió un guardia civil y otros dos resultaron gravemente heridos.

Además de la referida pena de prisión la Fiscalía reclama el pago de diferentes indemnizaciones a los padres o herederos del agente fallecido así como para los dos heridos y al Estado por los daños en los vehículos. 

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