Un aciago día, el Sr. Beteta decidió ser Alcalde de todas las Españas. Culpados en juicio sumarísimo los Ayuntamientos de la crisis, se puso el Sr. Secretario de Estado a urdir dos alcaldadas que cerraran el municipalismo democrático.
En primer lugar, unas medidas de sostenibilidad financiera que acogotaron su posibilidades económicas y, en segundo, un cambio en las bases de régimen local que cerraran lo que de verdad importaba a la derecha: la prestación de servicios a las personas.
Parece difícil ser culpable de desaguisados públicos cuando los Ayuntamientos apenas administraban el 13% del gasto público al inicio de la crisis y solo acaparaban el 8,2% de la deuda pública. Durante la crisis, y a diferencia de otras Administraciones, los Ayuntamientos han reducido su deuda en un 13%. Es decir, ni eran ni son responsables de la situación de las finanzas públicas.
El Sr. Beteta redondeó su alcaldada rescatando todas las deudas con las que los Ayuntamientos del PP habían sembrado España. Plan de Proveedor, tras plan de proveedor, necesidades de financiación, intervenciones larvadas, han generado una deuda municipal que mantendrá al menos durante una década ocupado el superávit primario de nuestros Ayuntamientos.
En una palabra, las Alcaldadas del PP nos han dejado Ayuntamientos sin recursos, con pocos instrumentos operativos de acción (el cierre de decenas de empresas públicas es inminente), y lo que es peor, con una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que priva a los Ayuntamientos de competencias fundamentales para proveer servicios a las personas en materia de bienestar y apoyo social.
Obtener recursos es un reto. Suprimir la regla de gasto que obliga a los Ayuntamientos y mejorar su fiscalidad es una obligación. Sobre ingresos hay diversas estrategias: la populista, que es lo que gusta a los conservadores, que es reducir impuestos; una más razonable que es transferir recursos de los que más tienen a los que menos, y las posiciones de izquierda que se basan en el gasto social.
En materia del impuesto con más potencia, el IBI, Madrid parece orientarse por la opción populista, mientras otros sitios, por ejemplo la Ciudad en la que vivo, la izquierda impuso una transferencia a las rentas más bajas, para ayudarles a pagar impuestos.
El Gasto social en materias como educación, salud, mayores y familia sigue siendo la estrategia más redistribuidora. La reconstrucción social de la Ciudad, estrategia que la situación social reclama y que no parece practicarse por la llamada nueva política, reclama acciones decisivas en esta materia.
Para ello se hace preciso la suspensión de la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. La reciente experiencia de los Gobiernos Autonómicos ha puesto de relieve dos cuestiones: que las llamadas duplicidades eran más retórica que reales y, en segundo término, que las Comunidades Autónomas no tienen ningún interés político en gestionar las antiguas competencias locales con racionalidad.
El nuevo Presidente de la FEMP, Abel Caballero, atina cuando afirma que “necesitamos reformar la Constitución para regular las competencias de las Entidades Locales, reconocer nuestra autonomía política y funcional”.
No obstante, y mientras esa reforma llega, se hace preciso anular de inmediato las dos mencionadas notables alcaldadas del Sr. Beteta – la económica y la política – y las más pequeñas diseminadas por los decretos y ordenes reguladores de las intervenciones financieras que han cerrado prácticamente la autonomía municipal.
Necesitamos más Alcaldías y menos alcaldadas. Da la impresión de que los nuevos responsables políticos andan más anclados en simbologías que en la construcción social de la Ciudad y los municipios.
Libertad Martínez