El reglamento que desarrolla la ley Sinde contra las descargas se ha vuelto a quedar en un cajón. Otro esperpento de un gobierno sin rumbo. Una vez más, el ejecutivo de Zapatero llega en el tiempo de descuento y con una descoordinación política sólo superada por su torpeza comunicativa. Muchos de sus cada vez más escasos seguidores ven cómo se apuran decisiones que parecen limpiar el camino a Rajoy en temas polémicos. El enfrentamiento en el Consejo de Ministros entre partidarios de aprobarla y detractores escarmentados y temerosos de la protesta en las redes sociales volvió a dejar inactiva la ley. El absurdo es mantener una norma tan controvertida e ineficaz cuando crece la oferta legal de contenidos digitales, necesitados de nuevas licencias y un mejor reparto de derechos de autor. Lo peor es que en el PP tampoco hay claridad para desarrollar una nueva ley de propiedad intelectual adecuada a la tecnología y los hábitos de consumo.
En el programa de Rajoy se cita cinco veces a la propiedad intelectual para prometer su reforzamiento y modelos de retribución “más justos y equitativos, basado en el uso efectivo de las obras”. Por ahí se entrevé, junto a la oposición al canon, una actitud más abierta que la del PSOE. El PP promete una protección de los derechos de propiedad intelectual que permita la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
Pero las diferentes posturas entre el equipo de Rajoy amenazan con dejar esas palabras en barbecho. Algunos como González Pons ya se han apresurado a prometer un endurecimiento de la propiedad intelectual a los editores de diarios: “Todos tenemos que colaborar para que Internet de pago sea una realidad en España”, declaró el martes en la conferencia de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). Otros esperan a estar en el gobierno para impulsar un cambio que ya avanza la comisaria europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes.
El peligro está en revivir el pasado enfrentamiento dentro de los gobiernos de Zapatero entre Industria y Cultura, que acabaron con la implantación de un canon digital declarado injusto por Europa, que Rajoy deberá reformar, y una ley para un tiempo agotado.
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Juan Varela