Las puertas que se cierran en falso se suelen abrir más tarde o más temprano. Es lo que ha ocurrido con el caso de los “espías” de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Provincial considera que debe seguir investigando el supuesto espionaje político a dos dirigentes del PP que llevaron a cabo expolicías y exguardias civiles contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La reapertura de la causa da un importante giro al sumario. La Audiencia entiende que hay pruebas más que suficientes de que hubo ese espionaje político y ésto, además de ser un atentado contra la intimidad de las personas, podría suponer en este caso un posible delito de malversación de fondos públicos, si es que se confirma que fueron contratados por la Puerta del Sol. Siendo grave el asunto en sí mismo, también lo es la deriva que pretenden algunos. Es verdad que el caso se reabre por un recurso presentado por el PSM y también que la jueza que lo ha hecho es hermana de Cristina Almeida. ¿Y qué…, cuál es el problema?
Resulta muy lamentable que algunos dirigentes políticos del PP madrileño traten de ensuciar una decisión judicial, sencillamente, porque no les conviene y relacionándolo, como ha hecho el portavoz adjunto del grupo popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, con el parentesco entre la jueza y la exportavoz socialista en el parlamento madrileño. Este argumentarlo, junto a que la reapertura del caso tiene tintes políticos, ya ha sido difundido por twiter y se está extendiendo como un reguero de pólvora. En Génova, sin embargo, no han gustado mucho estos posicionamiento del PP madrileño.
Ante tales críticas también cabría preguntarse por qué hubo tanta pasividad en la instrucción de la causa y en el comportamiento de la fiscalía.
Cuando se archivó el caso bien contentos estaban los imputados y a nadie se le ocurrió decir que era por cuestiones políticas.
Si ayer, como hoy, defendíamos en Estrella Digital la presunción de inocencia, toca hacerlo también con la independencia de la justicia.
Editorial Estrella