El ayuntamiento de Lérida acaba de anunciar que prohibirá en los edificios públicos los burkas y nikab porque tapan el rostro, pero esa orden se queda muy corta: no deberían tolerarse en ningún lugar público, incluyendo calles o parques. Por la dignidad de la mujer que aparentemente va debajo, pero también por la nuestra, y por precaución: tenemos derecho a saber entre qué seres nos movemos.
En Afganistán no intimida un burka que encarcela las personas dejándoles una rejilla para ver, o en Arabia Saudita un nikab que sólo libera los ojos. En esos países se siente pena por quienes llevan las prendas, presuntamente mujeres que soportan un calor horrible, y cuyas cabezas sudorosas desprenden un repulsivo olor que se esparce a su alrededor. Bajo esas prendas suele ir una mujer. Pero mucha literatura picaresca musulmana narra historias de hombres que entran así en los harenes para cortejar y amar a insatisfechas esposas de polígamos. Algo menos voluptuosa es Al Qaeda, que usa esas prendas para asesinar.
Aparte de la discusión sobre la dignidad femenina, o de que el burka sea una moda afgana impuesta por el rey Habibullah en 1902 para ocultar la belleza de sus mujeres, el problema fundamental es que aquí esos embozos amenazan a los ciudadanos. Su existencia agrede nuestros derechos humanos porque ante gente con esas prendas muchas personas se sienten inseguras. Y los disfraces de penitentes o de carnavales son tradiciones propias limitadas en tiempo y lugar.
Manuel Molares Do Val