La combinación de un gobierno débil con una situación económica crítica es siempre y en todas partes el preludio de la catástrofe. Si además, ese escenario se enmarca en un contexto de unos mercados financieros que a raíz de la crisis de deuda griega ponen en cuestión la solvencia de los países con altos niveles de endeudamiento, sin expectativas de recuperación en el corto plazo y sin un plan capaz de estabilizar el binomio deuda/PIB y sentar las bases de la recuperación, el panorama se vuelve explosivo. Esa es la posición en la que se encuentra España y, en consecuencia, el riesgo de una suspensión de pagos del país cobra una virtualidad extraordinaria. Esta amenaza se agrava tanto por la debilidad política y parlamentaria del socialismo reinante como por los gravísimos y no resueltos problemas estructurales de la economía española.
De entrada, España tiene todavía pendiente la reestructuración y saneamiento de una parte sustancial de su sistema financiero, las cajas de ahorro, muchas de las cuales son insolventes y no tienen posibilidades de sobrevivir. El Banco de España no ha querido, sabido o podido llevar a cabo un plan de ajuste coherente y preventivo y, como le ha sucedido al gobierno de la nación, ha alargado la decisión de afrontar el problema lo que hará el proceso de consolidación mucho más duro y costoso, sobre todo, cuando haya que digerir el ajuste de precios en el mercado inmobiliario y las pérdidas derivadas de un desempleo al alza y de nuevas bancarrotas empresariales. Esto se traducirá en la necesidad de emplear cuantiosos recursos para rescatar entidades crediticias y, por tanto, agravará la restricción de liquidez de las familias y de las empresas. Sin una normalización de los flujos de crédito, la salida de la crisis es imposible.
Por otra parte, la economía nacional tiene una persistente y acumulada pérdida de competitividad que lastra sus posibilidades de crecimiento. Los costes internos españoles han crecido de modo permanente por encima de los de sus competidores. Sin poder devaluar, la única manera de restaurar la competitividad es con una agresiva estrategia de “devaluación interna” y esto es inviable con unos mercados de factores y de productos rígidos. El gobierno ha renunciado a aplicar las reformas estructurales necesarias para flexibilizar la economía lo que ha acentuado la recesión e impide la salida de la crisis.
Los hogares y las empresas han comenzado a reducir su endeudamiento pero este sigue siendo muy alto y además se ha visto acompañado por un brutal incremento de los desequilibrios financieros del sector público. La política expansiva practicada por el gabinete socialista para combatir la crisis no ha añadido ni una sola décima de crecimiento al PIB ni ha servido para evitar una espectacular destrucción de empleo y sí, eso sí, ha generado un endeudamiento de las Administraciones Públicas insostenible y cuyas necesidades de financiación restan y encarecen los escasos fondos disponibles para el sector privado, el famoso efecto expulsión de la teoría clásica de la Hacienda Pública. España ha roto la denominada “restricción presupuestaria inter temporal”, esto es, no genera los recursos para pagar su deuda pública y privada que es la que en estos momentos importa a los mercados. Sólo en 2010 habrá que renegociar 400.000 millones de deuda total y es muy improbable que los inversores estén dispuestos a financiar a la Vieja Piel de Toro.
Por añadidura, el mercado crediticio está severamente dañado y no existen expectativas de que mejore; es más puede deteriorarse de manera adicional en los próximos meses cuando algunas cajas de ahorro tengan severos problemas de solvencia. Por otro, el gobierno no ha introducido reforma estructural alguna capaz de impulsar la recuperación y generar empleo. En este contexto, el plan de ajuste presupuestario planteado por el gobierno tiene consecuencias depresivas adicionales sobre la actividad económica y, en consecuencia, no logrará el objetivo de reconducir las finanzas públicas a un escenario de sostenibilidad. Con una economía en recesión o estancada y con unos tipos de interés nominales que crecen por encima de lo que lo hará el PIB, la deuda pública mantendrá su carrera alcista. Antes o después, los inversores incorporarán este planteamiento a sus decisiones y arreciarán los problemas para cubrir las emisiones de bonos del Reino de España.
En este marco, la posibilidad de que se produzca una súbita contracción de los flujos financieros exteriores a la economía española, acompañada de salidas de capitales provocadas por unas pésimas expectativas económicas tiene serias posibilidades de convertirse en una realidad. Esto conduce a una imposibilidad de financiar el endeudamiento y, por tanto, a la necesidad de reestructurar la deuda; en otras palabras a una suspensión de pagos pactada con los acreedores. Va a ser muy complicado evitar este escenario en los próximos meses e incluso en las próximas semanas. España no es Grecia en un sentido: es demasiado grande para caer pero también para ser rescatada. Es impensable que los grandes estados de la UE o el FMI comprometan los fondos necesarios para rescatar a la economía nacional y eso conduce a un resultado estremecedor.
Si antes del debate de esta semana esa hipótesis no era descartable, tras él cobra una extraordinaria fortaleza. La cuestión ya no estriba en saber si la economía española se instalará en la recesión o en un período de bajo crecimiento. En estos momentos, el riesgo es, como diría un argentino, la default del Reino de España y, por desgracia, será muy complicado evitarla. El gobierno carece de la fuerza y de la credibilidad para aplicar la política necesaria para evitar esa situación. En consecuencia, los mercados la castigarán a velocidad de vértigo. La fiesta se ha terminado y, quizá, ni siquiera un nuevo gobierno mañana sería capaz de evitar la pendiente hacia el abismo por la que se desliza España. No hay tiempo pero prolongar la situación actual equivale a “argentinizar” España.
Lorenzo Bernaldo de Quirós