El fiscal José Domingo Pérez evidenció su sorpresa ante las empresas que son investigadas por el Ministerio Público y que fueron beneficiadas económicamente a través de Reactiva Perú.
Dicha programa implementado por el Ejecutivo pretende ayudar a los empresarios a cumplir con sus responsabilidades económicas tras ser afectadas por la paralización provocada por la pandemia del coronavirus.
En ese sentido, Reactiva Perú cuenta con S/30 mil millones que se entregarán como garantía crediticia a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que cumplan con los requisitos.
Ante ello, José Domingo Pérez afirmó, en diálogo con Ideeleradio, que está sorprendido y “resulta un escándalo” que se entreguen recursos del Estado a empresas o grupos que son imputadas de tener implicancia en casos investigados por el Equipo Especial Lava Jato.
Lo dicho por el magistrado fue luego que Ojo Público revele que un grupo de 14 empresas sospechosas en la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y vinculados a los Panama Papers y Lava Jato recibieron S/52 millones.
“Nos ha sorprendido esta publicación de Ojo Público y debe llamar la atención de las autoridades. Cómo es posible que se destinen los escasos recursos económicos que tiene el Estado financiando actividades de grupos, y en este caso, de estas empresas jurídicas que presuntamente han tenido una cierta implicancia en los actos que son materia de investigación por parte del Equipo Especial”, comentó.
“(…) sin embargo, lo que estamos viendo acá es un escándalo. Prácticamente el Estado le está entregando dinero a los investigados por el Equipo Especial de la Fiscalía”, agregó Pérez Gómez.
Asimismo, el fiscal se refirió al exárbitro Horacio Cánepa, quien es investigado por presuntamente favorecer a la constructora Odebrecht.
“En el caso del abogado Horacio Cánepa, creo que es el caso más llamativo, porque este propio investigado es el que ha aceptado someterse a un proceso especial, sin embargo, estamos viendo que no ha habido ningún filtro ni manera de verificar a quiénes se entregan estos dineros y el destino de estos fondos”, lamentó.
“(…) la Procuraduría Pública Ad Hoc debe tomar cartas en el asunto, y esperemos que el Poder Judicial atienda un pedido, además de las excarcelaciones, que pueda realizar la Procuraduría para poder asegurar el patrimonio del Estado para el futuro pago de la reparación civil”, concluyó.
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