Así se ha puesto de manifiesto en la primera sesión del juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia Provincial de Alicante y que se prolongará durante tres semanas con una gran expectación mediática.
Entre los acusados destaca el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Ponsoda, Juan Cano, que le sustituyó de alcalde, del que el fiscal cree que tenía una enemistad personal con el fallecido desde hacía tiempo por intereses urbanísticos.
También está acusado de asesinato el empresario local Salvador G.R.; el dueño del club de alterne Mesalina en el que se cree que se planificó el asesinato, Pedro H.; el gerente de ese prostíbulo, Ariel G.; y los tres presuntos sicarios a los que se contrató por 50.000 euros: Raúl M., Robert F y Radim R.
Se piden para cada uno de ellos penas de 25 años por asesinato, a los que suma otros dos años de prisión para los tres supuestos autores materiales de los tiros por tenencia ilícita de armas.
Además de desprestigiar al testigo protegido, en los escritos iniciales de defensa leídos por sus abogados varios de los acusados han apuntado a la vida íntima de Ponsada como posible móvil del crimen y, en este sentido y sin aportar indicios concretos, han dicho ante el jurado que el alcalde tiroteado (separado de hecho de su esposa) tenía Sida, la sífilis y que frecuentaba saunas.
El considerado por la fiscal como el cabecilla, Juan Cano, ha señalado a través de su abogado que «no es cierto» que sintiera hacia la víctima «animadversión o rencor» alguno o que tuviera intereses urbanísticos y ha recalcado que en los últimos años había colaborado con él tanto en el ayuntamiento, como su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, como en el PP local.
Ha rechazado, tal y como sostiene la fiscalía, que su supuesta enemistad se hubiera fraguado en 2003 cuando quedó relegado en la lista electoral, con el argumento de que en aquella decisión no tuvo participación Ponsoda, sino la dirección provincial del partido, y ha añadido que el equívoco que le postergó en esa candidatura se subsanó en las elecciones de 2007 al situarle como número dos.
Del mismo modo, Cano ha subrayado que no tuvo relación con el resto de acusados y que solo conocía mínimamente al empresario Salvador R.G. por ser vecino de la población.
Este empresario ha acusado al testigo protegido de «fabulador» y de «infinidad de contradicciones» antes de opinar que su testimonio llegó tras dos años de investigación policial sin resultados.
En este «escenario inadmisible para quien resuelve un asesinato» apareció, ha proseguido Salvador R.G., este «conocido confidente de otros cuerpos de policía» ofreció «una solución engañosa» que dio unos «cabezas de turco para justificar la investigación que no había sabido aclarar el asesinato de todo un alcalde».
El escrito del gerente del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se gestó el crimen, Ariel Alberto G., ha señalado que este testigo «con múltiples antecedentes» y «conocido por sus trapicheos» les ha implicado falsamente pese a su «nula credibilidad» dentro de una «fábula bien inventada».
Los tres supuestos sicarios han sido los únicos acusados que han declarado hoy y han coincidido en rechazar su participación.
La acusación particular de las dos hijas (Fátima y María Ponsoda) y la mujer pide algo más de 250.000 euros de indemnización: 100.400 euros en concepto de responsabilidad civil a favor de la esposa, pese a que no vivía junto a Ponsoda, además de 75.400 para cada una de las hermanas.
La fiscal demanda una cantidad ligeramente inferior, 243.555,03 euros, divididos en 120.000 euros para cada hija y 3.555,03 euros a favor de la Agencia Valenciana de la Salud por los días en que el alcalde estuvo ingresado en el Hospital General de Alicante, hasta que murió a consecuencia de uno de los tres balazos, el recibido en la cabeza.
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