Constituida el 4 de diciembre, la comisión no había comenzado propiamente su labor, a la espera de que el 1 de marzo finalizara el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus planes de trabajo, el cual había sido prorrogado en una decisión muy contestada por Ciudadanos, partido que apoyó crear la comisión.
Su senadora Lorena Roldán vio tras esta maniobra un pacto entre PP y PSOE para «taparse entre sí sus corruptelas», después de que los socialistas aceptaran en la Asamblea de Madrid retrasar la investigación sobre los «másteres» del líder del PP, Pablo Casado.
Era una segunda prórroga solicitada por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y el grupo Nacionalista (PDeCAT y CC) que dejaba un amplio margen a los grupos para registrar sus planes de trabajo.
El PP ya lo había hecho, y además de pedir la comparecencia del propio Pedro Sánchez reclamaba que acudieran a la Cámara otras 38 personas, entre ellas el actual jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, y el ex ministro socialista Miguel Sebastián.
En la misma línea, Ciudadanos pedía tomar declaración a Sánchez, Sebastián y varios académicos, entre ellos los miembros del tribunal que evaluó la tesis del presidente en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
ERC también registró su plan, pero desde una óptica diferente, para exigir que el Senado cite al líder del PP, Pablo Casado, a la exministra socialista Carmen Montón, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en relación con otros trabajos académicos suyos también cuestionados.
El grupo popular planeó poner en marcha esta comisión después de que Sánchez rechazara comparecer en el pleno para aclarar las «dudas» suscitadas por su tesis doctoral y a la vista de la experiencia de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos creada en junio de 2017.
Un órgano que el PP ha manejado en solitario porque los demás grupos decidieron no participar en su labor al considerarlo una mera maniobra de esta formación para contrarrestar la comisión que en el Congreso ha investigado su financiación irregular.
Al PP la comisión le ha servido de plataforma para indagar en los casos de supuesta financiación anómala de otros partidos, judicializados o no, y por los que ha interrogado a dirigentes del PSOE, Podemos, Compromís, IU y Ciudadanos.
Han sido 33 sesiones y más de 62 horas de una comisión por la que han pasado 53 comparecientes, y no sólo responsables políticos porque también han declarado técnicos del Tribunal de Cuentas, banqueros, responsables de Fundaciones, empresarios y hasta el fiscal general de Venezuela en el exilio.
En el ámbito político, el PP ha recabado el testimonio de un ministro, José Luis Ábalos, de varios exministros socialistas -Cristina Narbona, Bernat Soria y Beatriz Corredor- de la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y de sus antecesores José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Ha recopilado además abundante documentación procedente de partidos, fundaciones, el Tribunal de Cuentas, la Junta Electoral Central, el Banco de España, varios ayuntamientos, la Junta de Andalucía, las Cortes Valencianas, el Cabildo de Lanzarote, y diversas entidades bancarias.
Aunque la disolución del Senado no permitirá a la comisión culminar sus trabajos y ni siquiera elevar su informe de conclusiones al pleno, el PP ya ha anunciado que aun así dará a conocer públicamente sus conclusiones, en las que ya trabaja.
De momento, mantiene la convocatoria de las que serán sus dos últimas sesiones, los días 21 y 28 de febrero, cuando están citados excargos de la empresa pública Acuamed y de la Asociación Española de Desalación que serán interrogados sobre el caso Acuamed y el posible desvío de fondos para costear campañas electorales del PSOE valenciano.
Redacción